El vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, presentó una queja formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Edson Saúl Andrade Lemus y el Partido Acción Nacional (PAN), acusándolos de posibles delitos relacionados con propaganda irregular. Según Ávila, los contratos suscritos por el PAN en la Ciudad de México evidencian una posible triangulación de recursos, lo que constituiría una violación a las normas de financiamiento y fiscalización electoral.
Ávila señaló que Andrade Lemus, quien fue uno de los voceros de la marcha del 15 de noviembre, recibieron un contrato por más de 2 millones de pesos por parte del PAN, destinado a pagar a siete personas para realizar campañas de difusión en redes sociales. La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, habría confirmado esta transacción, lo que, según Ávila, sugiere un esquema de financiamiento irregular para actividades partidistas.
“Este es un esquema irregular sin duda de financiamiento de propaganda partidista, y exige una investigación conforme a las reglas actuales de fiscalización”, declaró el morenista al presentar la queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
En su queja, Ávila solicitó que el INE investigue al PAN por presunta “propaganda simulada” y “uso indebido de recursos”, así como por posibles aportaciones prohibidas, actos contrarios a la equidad y la legalidad electoral, y la autenticidad del sufragio. También pidió que se valore la posibilidad de una auditoría exhaustiva a todos los contratos del PAN, dado que, según Gutiérrez Ureña, esta modalidad de pago a través de contratos simulados es habitual dentro del partido.
Ávila recordó que Andrade Lemus se presentó en medios como apartidista durante la marcha de noviembre y afirmó que nunca recibió pagos por sus actividades. Sin embargo, una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia reveló un contrato vigente que supera los 2 millones 157 mil pesos, cuyo pago continúa en curso.
Por su parte, en una reciente intervención televisiva, Gutiérrez Ureña reconoció la existencia del contrato, aunque justificó esta práctica al argumentar que se recurría a contratos simulados debido a la limitación de destinar solo el 35% de las prerrogativas del partido a nómina. Esto, según Ávila, evidencia una simulación clara que debe ser investigada a fondo. “¿A cuánta gente le paga el PAN de esta manera? ¿Cuántos contratos existen a nombre de una persona para pagar otros conceptos?”, cuestionó el legislador.
Ávila también señaló que, de comprobarse los hechos descritos en la queja, el PAN podría enfrentarse a una serie de sanciones, que incluirían multas y el reconocimiento de un esquema de propaganda política encubierta, así como una violación a las obligaciones fiscales de los partidos políticos.
En una entrevista posterior en la Cámara de Diputados, Ávila indicó que su partido está evaluando si estos hechos constituyen delitos electorales, por lo que, de ser necesario, se presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.
