Gobierno de México impulsa “Derecho de Réplica” para combatir desinformación y responder a señalamientos contra IMSS-Bienestar

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó este 3 de junio el nuevo espacio denominado “Derecho de Réplica”, una estrategia del Gobierno de México orientada a responder públicamente a información que considera falsa o inexacta difundida en medios de comunicación y plataformas digitales.

De acuerdo con la funcionaria, esta iniciativa busca fortalecer el derecho de la ciudadanía a recibir información verificada, en el marco de la libertad de expresión reconocida en la Constitución, la cual —dijo— también contempla una dimensión colectiva vinculada al acceso a información plural y al derecho a la información.

Alcalde explicó que el derecho de réplica está establecido en el artículo 6º constitucional y regulado por una ley vigente desde 2015, que permite a cualquier persona solicitar la corrección o aclaración de datos que afecten su reputación, honor o vida privada. En ese sentido, precisó que los medios están obligados a difundir la réplica en condiciones equivalentes a la publicación original.

Recordó además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación amplió la interpretación de este derecho al reconocer su carácter social, al contribuir a corregir desequilibrios informativos y fomentar el contraste de versiones para que la ciudadanía pueda formarse un criterio propio.

“Se trata de combatir la desinformación con información verificable y no con censura”, señaló.

Asimismo, indicó que desde 2019 se reconoce que las instituciones públicas también pueden ejercer este derecho cuando enfrentan publicaciones relacionadas con asuntos de interés general.

En ese contexto, la consejera jurídica afirmó que el nuevo espacio permitirá al Gobierno federal presentar aclaraciones frente a lo que calificó como narrativas falsas sobre acciones gubernamentales.

Durante su intervención, señaló que en días recientes se ha identificado en el entorno digital una conversación recurrente en torno a conceptos como corrupción, opacidad o fraude vinculados al IMSS-Bienestar, lo que —dijo— forma parte de una narrativa sin sustento.

Detalló que se registraron alrededor de 18 mil menciones en redes sociales, generadas por más de 7 mil usuarios, con un alcance estimado de 4.2 millones de personas. El pico de actividad ocurrió el 31 de mayo, cuando una de las cuentas identificadas como amplificadoras logró alta difusión.

En respuesta, la funcionaria desmintió diversas afirmaciones relacionadas con supuestas irregularidades detectadas por auditorías externas en el IMSS-Bienestar. Aclaró que el auditor no encontró anomalías, sino que se abstuvo de emitir opinión debido a la falta de tiempo para concluir la revisión.

También rechazó señalamientos sobre falta de confiabilidad en la información institucional, asegurando que no se detectaron omisiones ni incumplimientos normativos en los registros revisados.

De igual forma, negó que exista opacidad o malas prácticas contables en el organismo, reiterando que las observaciones del auditor no implican irregularidades.

En otro tema, rechazó versiones sobre una supuesta crisis económica y de seguridad en Sinaloa. Señaló que el estado registró un crecimiento económico de 4.2% en el último trimestre de 2025, ubicándose entre las entidades con mayor avance.

Añadió que la inversión extranjera directa alcanzó 125.8 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento de 624% respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, indicó que el empleo formal y la reducción de homicidios dolosos muestran tendencias positivas en la entidad.

Respecto a señalamientos sobre visitas de figuras extranjeras vinculadas a la defensa de la soberanía nacional, recordó que la Constitución establece en su artículo 39 que la soberanía reside en el pueblo de México.

Por su parte, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, afirmó que las versiones sobre un “caos financiero” en la institución carecen de sustento, al señalar que los reportes de auditoría externa no señalan inconsistencias.

Agregó que la propia oficina del auditor emitió aclaraciones deslindándose de interpretaciones difundidas en algunos medios, y cuestionó que no se haya concedido derecho de réplica a la institución en esos casos.

Finalmente, el representante de la Secretaría de Economía, Sergio Silva Castañeda, calificó como desproporcionada la estimación de una caída económica del 35% en Sinaloa, al contrastarla con datos del INEGI y con el comportamiento económico observado durante la pandemia.

Explicó que la estructura productiva del estado, con alta participación agropecuaria, genera variaciones estacionales en el empleo, pero no refleja una contracción estructural, y aseguró que los indicadores recientes muestran estabilidad económica.