Con el objetivo de acercar la reforma al artículo 2 de la Constitución —que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos— a las comunidades originarias y facilitar el ejercicio pleno de estos derechos, por primera vez en la historia de México una norma constitucional ha sido traducida a 65 lenguas indígenas, informó Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
En entrevista con La Jornada, Regino Montes destacó que el propósito de esta iniciativa es que “la conozcan en la propia lengua, pero, sobre todo, el significado que tiene esta norma a partir de su propia lengua, cultura y contexto social. Hicimos semántica jurídica, esto es muy innovador, no sólo en México, sino en el mundo; es un hito”.
El proceso de traducción inició a finales del año pasado, tras la publicación de la reforma. Primero se seleccionó un equipo de traductores y traductoras acreditados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Universidad de las Lenguas Indígenas, en coordinación con el INPI. Posteriormente, se identificaron los conceptos jurídicos fundamentales de la reforma, tales como: libre determinación, autonomía, sistemas normativos indígenas, jurisdicción indígena, propiedad intelectual colectiva, tierras, territorios y recursos naturales, entre otros.
Regino Montes subrayó que también participó un especialista en derechos indígenas, porque “no es sólo traducir, estamos hablando de lenguaje jurídico; la traducción la hace un lingüista, pero aquí también se requería de un abogado experto en derechos indígenas para hacer la interpretación del lenguaje jurídico”.
Las versiones traducidas se difundirán mediante la revista México Indígena, publicada por el INPI, así como a través de las 23 radiodifusoras indígenas comunitarias del país.
En cuanto al proceso legislativo, el funcionario indicó que se está elaborando la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para lo cual se creó un comité técnico asesor de 20 personas, conformado por “10 mujeres y 10 hombres con conocimiento y experiencia en la materia”.
Un hecho sin precedentes
Para garantizar la más amplia legitimidad social, y en cumplimiento de la ley, “esperemos que el próximo enero o febrero se realicen 70 asambleas regionales de consulta en todas la regiones del país”.
“La idea es que sea la Presidenta quien envíe la iniciativa al Congreso de la Unión para su análisis y, en su caso, la aprobación correspondiente. Llevamos 200 años de existencia del Estado mexicano y no hay en la historia constitucional y legislativa de nuestro país una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, concluyó el titular del INPI.
