La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se prepara para votar el próximo martes un proyecto que busca prohibir de manera total la venta de cigarros electrónicos y vapeadores. A pesar de que estos dispositivos se promocionan como una opción “menos dañina e incluso inocua para los consumidores de tabaco”, el dictamen alerta que “contienen una mezcla compleja de sustancias químicas, incluídos metales pesados con un gran potencial para dañar la salud, razón por la que es necesaria su proscripción”.
El proyecto de dictamen, resultado de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ya compartido con los integrantes de la comisión, advierte que, a pesar de la legislación vigente para regular su comercialización, la “venta ilegal y el contrabando continúan en expansión”.
Con un texto de 829 páginas, el dictamen enfatiza los riesgos que los cigarrillos electrónicos representan para la salud, especialmente entre los jóvenes, quienes “han sido objeto de agresivas y engañosas estrategias comerciales por parte de la industria de los vapeadores para fomentar la adicción desde edades tempranas”.
El documento respalda la preocupación de Sheinbaum frente al “desafío regulatorio” que representan los vapeadores. La rápida expansión de su comercialización y publicidad se ha basado en la falsa percepción de que son “alternativas seguras” o “menos dañinas” que los cigarrillos tradicionales, lo que ha generado confusión entre los adolescentes.
El proyecto busca prohibir completamente “la fabricación, importación, exportación, venta y uso de vapeadores y otros dispositivos electrónicos de suministro de nicotina o sustancias inhalables”, con el fin de enfrentar un riesgo sanitario en el país. Según investigaciones citadas en el dictamen, “si bien dichos productos pueden liberar menores niveles de alquitrán, los aerosoles generados contienen una mezcla compleja de sustancias químicas, entre ellas metales pesados como níquel, plomo y cadmio, y compuestos orgánicos volátiles que pueden generar inflamación crónica, aumento del estrés oxidativo y disfunción pulmonar”.
La iniciativa también propone sanciones severas para quienes incumplan la normativa, incluyendo penas de prisión de uno a ocho años y multas de entre 100 y 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, entre 11 mil 314 y 226 mil 280 pesos. Además, el texto regula otros temas de salud pública, como las facultades de la Secretaría de Salud para realizar contrataciones consolidadas de equipo médico de alta tecnología y medicamentos, y establece la prohibición del tráfico de precursores químicos utilizados para la fabricación de fentanilo.
