La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un caso clave que podría poner fin a una práctica cada vez más común en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA): magistrados que, mediante juicios de amparo, buscan mantenerse en sus cargos más allá del periodo establecido, a pesar de que sus nombramientos y ratificaciones dependen del Poder Ejecutivo y del Senado.
Durante la sesión del pleno, y con una votación dividida de cinco votos contra cuatro, la Corte admitió a trámite el recurso de revisión incidental 177/2025, promovido por magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El caso obligará al máximo tribunal a determinar si es procedente conceder una suspensión definitiva que impida la ratificación o reelección de un magistrado del TFJA.
La ministra Lenia Batres Guadarrama fue enfática al señalar la dimensión del problema:“Y aquí hay que mencionar que existe una problemática muy fuerte, porque los juzgados de distrito han otorgado suspensiones a quienes se les termina el periodo de magistrados de este tribunal y debieron haberse separado de su cargo, pero se han quedado años por medio de suspensiones, lo cual es absolutamente inconstitucional, porque es una facultad de la Presidencia de la República, con la ratificación del Senado, el nombramiento de estos magistrados; se tienen contabilizados 50 casos”.
El caso específico que detonó esta revisión es el del magistrado Avelino Carmelo Toscano Toscano, quien desde noviembre pasado obtuvo una suspensión definitiva que le permitió mantenerse en funciones pese a no haber sido ratificado. Actualmente se desempeña como presidente de la Sexta Sala Regional de la Ciudad de México.Su nombramiento original data del 6 de diciembre de 2018. Sin embargo, en junio de 2024, el Ejecutivo decidió dejar sin efecto varias designaciones de magistrados de salas regionales, entre ellas la de Toscano, y envió nuevas propuestas al Congreso. Al no ser incluido, el magistrado promovió un juicio de amparo y consiguió, en enero de 2025, una suspensión definitiva.
Ahora, será la SCJN quien determine si estos recursos legales pueden seguir utilizándose para extender mandatos más allá de los tiempos y procedimientos constitucionales.
