Reformas electorales avanzan: estados definirán su entrada en vigor para 2026-2027
El Congreso de la Unión aprobó tres reformas en materia electoral que ahora deberán ser analizadas por los congresos estatales para completar el proceso legislativo y, en su caso, entrar en vigor para las elecciones de 2026-2027.
Dos de las iniciativas fueron promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum y abarcan cambios relacionados con la elección de integrantes del Poder Judicial, la intervención extranjera en procesos electorales y la creación de mecanismos para verificar la integridad de las candidaturas.
En materia de reforma judicial, se establece que las elecciones judiciales federales y locales se realizarán de manera concurrente el primer domingo de junio de 2028. Asimismo, la consulta de revocación de mandato se llevará a cabo el primer domingo de junio del cuarto año de gobierno, coincidiendo con procesos electorales federales o locales.
La reforma también modifica aspectos de organización y selección de candidaturas para cargos judiciales. Entre ellos, se contempla la creación de comités de evaluación en cada Poder de la Unión, una comisión coordinadora para homologar criterios de selección y la obligación de que cada poder postule aspirantes para los distintos cargos judiciales. Además, se precisan nuevas disposiciones sobre las boletas electorales y la organización de la jornada electoral judicial.
Por otra parte, se aprobó una reforma constitucional que incorpora como causal de nulidad electoral los actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados de una elección. El objetivo es fortalecer la soberanía nacional y garantizar que las decisiones democráticas se tomen sin presiones o influencias provenientes del exterior.
El dictamen señala que la legislación vigente no contemplaba expresamente este tipo de conductas como motivo para invalidar una elección, por lo que la modificación busca proteger la autenticidad del sufragio y la voluntad ciudadana.
La tercera reforma crea la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por tres consejeros electorales, encargada de recibir y analizar información sobre aspirantes a cargos de elección popular mediante la coordinación con autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y fiscalización financiera.
El propósito es identificar posibles riesgos vinculados con actividades ilícitas antes del registro de candidaturas. La participación de partidos políticos y aspirantes será voluntaria, y la información obtenida deberá manejarse bajo criterios de confidencialidad.
De acuerdo con los artículos transitorios, si las legislaturas estatales aprueban estas reformas antes del 31 de mayo, el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá aplicarlas a partir del proceso electoral 2026-2027.
