La situación financiera del Gobierno del Estado de Chihuahua atraviesa un momento crítico. La falta de liquidez, que durante meses fue señalada por proveedores que denunciaban retrasos de hasta cuatro meses en sus pagos, ahora queda confirmada con cifras oficiales.
En el primer semestre de 2025, el Estado recaudó 67 mil 325 millones de pesos; sin embargo, enfrenta una deuda de 42 mil 300 millones. Es decir, por cada peso que entra a las arcas públicas, 63 centavos ya están comprometidos al pago de obligaciones financieras.
Este desbalance presupuestal ha obligado a la administración estatal a sostenerse únicamente con ingresos ordinarios, los cuales se destinan en gran medida a cubrir intereses, abonos y adeudos previos, dejando sin recursos suficientes áreas clave como infraestructura, programas sociales o inversión pública.
A esta carga se suma otro dato preocupante: los ingresos estimados para 2025 no se han cumplido. Existe un déficit de más de 3 mil 400 millones de pesos respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos, lo que evidencia un escenario aún más restringido para las finanzas estatales.
El impacto de esta presión financiera va más allá de los números. La falta de recursos limita la capacidad de acción del gobierno, tanto en decisiones económicas como políticas, y podría convertirse en uno de los temas más delicados al cierre del sexenio.
A pesar del complicado panorama, el discurso oficial parece distar de la realidad. El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, aseguró recientemente que en Chihuahua ya “se puso orden en la casa”, una afirmación que ha generado críticas en diversos sectores, dado el evidente rezago en pagos, el incumplimiento de metas de recaudación y el elevado nivel de endeudamiento.
Esta postura también compromete al secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, quien debe encontrar formas de conciliar un discurso político optimista con cifras que reflejan una realidad adversa.
Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el gobierno se enfrenta a una decisión clave: aplicar un severo ajuste al gasto o recurrir a nuevos créditos, lo cual tendría implicaciones políticas y económicas significativas.
Por ahora, la herencia de deuda se perfila como el gran tema incómodo del sexenio.
