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Gobierno de México decreta al gas natural como “energía limpia”, pese a su impacto al medio ambiente

Organizaciones ambientales advirtieron que el decreto no cambia la política energética actual, la cual favorece el uso de combustibles fósiles. También impugnarán este nuevo acuerdo.

El gobierno de México avaló un acuerdo para modificar la regulación y definición de las energías limpias, para incluir en esa categoría los procesos y combustibles contaminantes, como el gas natural

El acuerdo fue aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sin embargo organizaciones ambientales cuestionaron la medida al asegurar que busca aparentar un aumento en el porcentaje de energías limpias en México. 

“Con los cambios propuestos se estaría haciendo creer al mundo que nuestro país incrementa el porcentaje de energías renovables en nuestra matriz energética cuando en realidad no lo hace”, advirtieron. 

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace MéxicoIniciativa Climática de México y Nuestro Futuro advirtieron que el decreto no cambia la política energética actual, la cual favorece el uso de combustibles fósiles. 

“Este nuevo Acuerdo no añadirá ni un solo MW (megavatio) de capacidad de energías renovables a nuestra matriz eléctrica ni reducirá ni una sola tonelada de bióxido de carbono adicionales a las medidas que se habían ya considerado para avanzar con el cumplimiento de las metas prometidas por México en la última COP”, afirmaron las organizaciones ambientales en referencia a los compromiso de México para enfrentar la crisis climática. 

¿Qué dice la ley? 

Actualmente, la ley marca que México deberá generar electricidad proveniente de energías limpias en al menos 35% para el año 2024.

La Ley de Transición Energética indica que la generación eléctrica mediante ciclos combinados (que utilizan gas natural) “no podrá considerarse como cogeneración eficiente”, lo que cambia con el nuevo acuerdo. 

Incluso, estará contradiciendo las medidas anunciadas por el propio gobierno, que se comprometió en la 27 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), a eliminar la quema de petróleo y gas, así como a reducir un 35% sus emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030.

Las claves del nuevo decretazo

De acuerdo con el abogado especialista en derechos humanos Carlos Asúnsolo Morales, las claves del acuerdo son las formas técnicas en las que se calculan los porcentajes de cogeneración de energía eléctrica y eficiente, así como las centrales eléctricas limpias que usan combustibles fósiles.

“La modificación de dicha metodología baja el estándar y permite al gobierno considerar que la generación de energía que antes no hubiera sido considerada limpia, ahora sí lo sea, no por una cuestión técnica justificada, sino simple y sencillamente por la forma en la que se calcula”, explica. 

Aunque se le conoce como “gas natural”, este combustible fósil contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente metano, el cual es 84 veces más potente en calentar la atmósfera que el dióxido de carbono, y representa más del 25% de las emisiones que contribuyen al calentamiento global actual provocado por los humanos, de acuerdo con la organización Environmental Defense Fund (EDF).

Para Asúnsolo, se trata de utilizar la “etiqueta verde” que le suele poner al gas natural, para aparentar un crecimiento en el uso de energías limpias.

“Desde mi punto de vista, en términos discursivos el acuerdo puede ser aprovechado por el gobierno federal, en particular el presidente, para maquillar un poco la política regresiva en materia energética y decir que se producen energías limpias, sin embargo, técnicamente será muy complicado sostenerlo”, sostuvo. 

Acciones contra el decreto

El abogado anunció que este acuerdo será impugnado vía un juicio de amparo indirecto, pues se busca cuestionar su constitucionalidad, ante la ley y compromisos de México en materia de cambio climático.

“Lo que se buscaría es que declaren la inconstitucionalidad del acuerdo por ser una medida regresiva del derecho humano a un medio ambiente sano en el marco de la emergencia climática que estamos viviendo. Es decir, buscar su invalidez total”, advirtió.

Fuente: Animal Político

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