La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso sanciones por un monto total de 59.6 millones de pesos a cuatro empresas y seis personas físicas, tras acreditar su participación en prácticas monopólicas absolutas en procesos de licitación pública relacionados con la compra de insumos médicos.
De acuerdo con la resolución del Pleno del organismo, los agentes económicos involucrados habrían intercambiado información confidencial y coordinado sus propuestas durante distintos procedimientos de contratación, simulando competencia entre ellos en licitaciones realizadas entre octubre de 2010 y diciembre de 2016.
La autoridad antimonopolio advirtió que este tipo de conductas distorsionan la competencia en los mercados, generan sobrecostos para el Estado y afectan la eficiencia del gasto público, lo que puede repercutir directamente en la calidad de los servicios de salud.
El caso cobra relevancia debido a la importancia de los insumos para radiodiagnóstico, utilizados en millones de estudios médicos. Tan solo entre 2024 y 2025, el IMSS y el ISSSTE realizaron más de 20 millones de estudios de este tipo, beneficiando a alrededor de 15 millones de personas, lo que subraya la necesidad de garantizar condiciones de competencia efectiva en este sector estratégico.
La CNA reiteró que una de sus prioridades es supervisar el funcionamiento de los mercados de insumos esenciales, especialmente aquellos vinculados al sector salud, por su impacto directo en la población.
Asimismo, el organismo precisó que las empresas y personas sancionadas pueden recurrir a los mecanismos legales de defensa ante tribunales especializados, conforme a la legislación vigente.
Tras darse a conocer la resolución, el IMSS respaldó la determinación de la autoridad antimonopolio y señaló que el caso evidencia problemas de concentración y prácticas indebidas en procesos de contratación de administraciones anteriores.
El Instituto agregó que la situación actual es distinta y consideró que este fallo representa un precedente relevante para fortalecer la detección y sanción de conductas anticompetitivas en el sector salud, con el objetivo de proteger los recursos públicos y mejorar la transparencia en las compras gubernamentales.
