Jóvenes desaparecidos en Chihuahua habrían sido víctimas de reclutamiento forzado por grupos criminales

Dos adolescentes del municipio de Guachochi, en el estado de Chihuahua, se encuentran desaparecidos desde abril. Sus familias denuncian que fueron engañados con falsas ofertas de empleo y posteriormente reclutados por grupos del crimen organizado que operan en la región de Aldama-Ojinaga, una zona clave para el trasiego de drogas y tráfico de migrantes.
Ángel Fernando Loera Díaz, de 15 años, salió de su hogar el 9 de abril tras recibir una supuesta oferta para trabajar en la cosecha de sandías en el municipio de Aldama. Desde entonces, su familia no ha vuelto a saber de él. Su madre, Daniela Díaz, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y recientemente afirmó que su hijo fue visto en un video difundido en redes sociales el pasado 22 de julio. “Asumo se encuentra igualmente secuestrado por la delincuencia organizada”, declaró.
Por su parte, Josué Guerrero Espino, de 17 años, desapareció el 30 de abril también en Guachochi. Días atrás, comenzó a circular una videograbación en redes donde se le observa con el cabello rapado, los ojos vendados y las manos atadas. En el video, Josué afirma que fue reclutado por el grupo criminal conocido como Los Mayos para realizar labores de vigilancia, conocidas como “halconeo”, en el municipio de Aldama. Sin embargo, solo dos días después, hombres armados de un grupo rival lo privaron de la libertad.
Su madre, Magaly Espino, ha realizado por cuenta propia varios recorridos de búsqueda en Aldama y exige mayor acción por parte de las autoridades. “Exigimos que aumenten los esfuerzos para localizar al menor de edad”, expresó.
Los retratos de búsqueda difundidos por las familias describen a Ángel como un joven de tez trigueña, complexión delgada, de 1.63 metros de estatura y 58 kilogramos de peso. Josué, en cambio, es de tez blanca, también delgado, mide 1.70 metros y pesa 68 kilos.
Ambos casos reflejan un patrón preocupante: el uso de falsas promesas de trabajo como mecanismo para reclutar a menores en comunidades vulnerables, en medio del control territorial que disputan organizaciones criminales en el norte del estado.



