El expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles del 50% a ciertos productos brasileños, bajo el argumento de que las políticas del gobierno de Brasil y el proceso penal contra el exmandatario Jair Bolsonaro constituyen una emergencia económica para Estados Unidos, de acuerdo con la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Nacional de 1977.
La medida marca un giro en la justificación legal presentada inicialmente el 9 de julio, cuando Trump advirtió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre la posibilidad de imponer tarifas, basándose en desequilibrios comerciales. Sin embargo, cifras oficiales muestran que Estados Unidos tuvo un superávit de 6 mil 800 millones de dólares con Brasil en 2024, según datos de la Oficina del Censo.
El nuevo decreto vincula directamente los aranceles con el juicio contra Bolsonaro, quien enfrenta acusaciones por conspirar para revertir los resultados de las elecciones de 2022. Trump, procesado en 2023 por intentar anular los comicios de 2020, ha expresado abiertamente su afinidad con el exmandatario brasileño.
De forma paralela, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal que encabeza el caso contra Bolsonaro. El gobierno estadounidense lo acusó de “autorizar detenciones preventivas arbitrarias” y de suprimir la libertad de expresión. Estas sanciones se suman a las restricciones de visa anunciadas el 18 de julio por el Departamento de Estado, dirigidas a funcionarios judiciales brasileños.
La orden ejecutiva excluyó varios productos clave de las exportaciones brasileñas, como jugo de naranja, pulpa de madera, productos energéticos y ciertos aviones, lo que moderó el impacto financiero en sectores estratégicos. Como resultado, las acciones del fabricante de aviones Embraer subieron un 11% y las de la productora de pulpa Suzano ganaron más del 1% en la bolsa de São Paulo.
Según una hoja informativa de la Casa Blanca, el gobierno brasileño habría intentado coaccionar a plataformas digitales y restringir la actividad de sus usuarios, aunque no se mencionó directamente a empresas como X o Rumble. El gobierno estadounidense considera estas acciones como parte de un patrón autoritario vinculado al caso Bolsonaro.
A pesar de las excepciones incluidas en el decreto, la decisión ha provocado tensiones diplomáticas con Brasil, cuyo gobierno considera que las acciones estadounidenses podrían tener un trasfondo político más que comercial.
