A ocho años del triunfo de López Obrador, persisten cambios en seguridad, derechos humanos y comunicación gubernamental
A ocho años de la elección presidencial de 2018, el cambio de gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador continúa siendo un referente en la transformación de las políticas públicas en materia de seguridad, justicia y comunicación social.
El 1 de julio de 2018 marcó un cambio en el escenario político nacional con el triunfo electoral de López Obrador, cuya administración impulsó modificaciones en distintas áreas de la vida pública, entre ellas la estrategia de seguridad, la atención a casos emblemáticos de derechos humanos y el manejo de la comunicación gubernamental.
Uno de los principales cambios ocurrió en la relación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad. Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto estuvo vigente la Iniciativa Mérida, un esquema de cooperación enfocado en el fortalecimiento de capacidades operativas mediante recursos destinados a equipo y armamento. Con el inicio del nuevo gobierno, ese mecanismo fue sustituido por el Entendimiento Bicentenario, que priorizó la atención de las causas de la violencia y el fortalecimiento de la Guardia Nacional.
En el ámbito de los derechos humanos también se registraron avances en investigaciones consideradas emblemáticas. En el caso de Pasta de Conchos, el Gobierno federal reanudó las labores de rescate de los mineros atrapados, logrando la recuperación e identificación de varios de ellos para su entrega a las familias.
Respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la administración creó una Comisión para la Verdad que replanteó las investigaciones y dio paso a más de un centenar de detenciones, entre ellas las de exfuncionarios, elementos de seguridad y el exprocurador Jesús Murillo Karam.
Asimismo, el caso de Ernestina Ascencio fue reabierto ante instancias internacionales, lo que derivó en un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado mexicano y en la implementación de un plan de reparación integral.
En tanto, el expediente de Israel Vallarta continuó bajo revisión debido a las irregularidades procesales documentadas desde su detención en 2005, aunque diversos informes señalaron que los procedimientos judiciales y administrativos retrasaron la resolución definitiva de su situación jurídica.
Otro de los cambios impulsados durante el sexenio fue la política de comunicación social. La administración redujo el gasto destinado a publicidad oficial en medios de comunicación y adoptó las conferencias matutinas como uno de los principales mecanismos para informar sobre las acciones del Gobierno federal, modificando la dinámica de comunicación entre las autoridades y la ciudadanía.
