La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) incorporó por primera vez a Ecuador al Global Torture Index 2026, al documentar un aumento de denuncias por presuntos actos de tortura y malos tratos atribuidos a elementos de las fuerzas policiales y militares durante la vigencia del denominado Conflicto Armado Interno impulsado por el gobierno del presidente Daniel Noboa.
El informe evaluó a 39 países con base en el cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. En el caso ecuatoriano, la organización recopiló información de organismos defensores de derechos humanos y organizaciones civiles, las cuales advierten un deterioro en la situación de las garantías fundamentales debido a la militarización de la seguridad pública y al incremento de las facultades de las Fuerzas Armadas sin una supervisión civil efectiva.
De acuerdo con el reporte, además de denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales, se registraron al menos 51 casos de desaparición forzada presuntamente vinculados con agentes del Estado, así como detenciones arbitrarias, incomunicación de personas detenidas y restricciones a las garantías judiciales, afectando principalmente a comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, personas en situación de pobreza, niñas, niños y adolescentes.
La OMCT contabilizó 369 denuncias de tortura y malos tratos entre 2024 y 2026, y señaló que la aplicación recurrente de estados de excepción y toques de queda ha incrementado el riesgo de violaciones a los derechos humanos y reducido los mecanismos de rendición de cuentas. Desde el inicio de su administración, Daniel Noboa ha decretado 16 estados de excepción en distintas regiones del país.
Ante este panorama, la organización instó al gobierno ecuatoriano a investigar de manera pronta, independiente e imparcial todas las denuncias de tortura, sancionar a los responsables, incluidos mandos superiores, y evitar que estos casos sean reclasificados bajo figuras que obstaculicen su procesamiento judicial. Asimismo, recomendó que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sea excepcional, temporal y esté sujeta a mecanismos efectivos de supervisión civil.
En un contexto de creciente violencia, la madrugada del 29 de junio se registraron dos explosiones en el centro-norte de Quito. Según las autoridades, el ataque estuvo dirigido contra las instalaciones de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). El atentado dejó un guardia de seguridad con lesiones leves y daños materiales en el edificio de la dependencia y en un inmueble del Ministerio de Agricultura. Minutos después ocurrió una segunda detonación, presuntamente causada por la quema del vehículo utilizado por los responsables para huir del lugar.
