A 17 años del incendio ocurrido en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los delitos relacionados con la tragedia, en la que murieron 49 menores y resultaron lesionados 106 más, no pueden quedar sujetos a prescripción, al considerar que se trata de graves violaciones a los derechos humanos de la infancia.
Por unanimidad, el Pleno respaldó el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien sostuvo que la obligación de investigar y sancionar hechos de esta naturaleza prevalece para evitar escenarios de impunidad. La resolución establece que la acción penal por delitos vinculados con casos como el de la Guardería ABC no puede extinguirse por el paso del tiempo.
Durante la discusión, que incluyó un minuto de silencio en memoria de las víctimas, las ministras María Estela Ríos González y Lenia Batres Guadarrama señalaron que la tragedia estuvo relacionada con un modelo de prestación de servicios que delegó responsabilidades del Estado en particulares. Ambas advirtieron sobre la importancia de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
La resolución deriva del amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS entre 2006 y 2009, quien fue procesado tras una denuncia presentada por el propio instituto en 2020. El exfuncionario argumentó que la acción penal en su contra había prescrito; sin embargo, los tribunales federales rechazaron ese planteamiento.
Al respaldar el proyecto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que la búsqueda de la verdad y la eventual sanción de los responsables no puede extinguirse con el tiempo, especialmente cuando las víctimas fueron niñas y niños.
Con esta decisión, la SCJN devolvió el expediente al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para que emita una nueva resolución de amparo conforme al criterio fijado por la Corte y analice los demás argumentos presentados por el exfuncionario contra su vinculación a proceso.
