SCJN anula oficio que originó disputa territorial en Puebla y pide al Congreso resolver el conflicto
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el oficio emitido en 2020 por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP), documento que detonó una prolongada disputa territorial entre los municipios de Atempan y Hueyapan por la comunidad de Maloapan. Sin embargo, la resolución definitiva sobre los límites territoriales quedó en manos del Congreso local.
Por decisión unánime, el Pleno de la Corte avaló el proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, mediante el cual se invalidó el oficio del 17 de septiembre de 2020 que ubicaba a Maloapan dentro del territorio de Hueyapan. El municipio de Atempan impugnó dicho documento al argumentar que la localidad históricamente le pertenece, respaldando su postura con antecedentes legales y administrativos de décadas pasadas.
La ministra señaló que el IRCEP sustentó su determinación únicamente en el marco geoestadístico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), instrumento que carece de facultades para definir límites territoriales entre municipios. Recordó que esa atribución corresponde exclusivamente al Congreso del Estado de Puebla, conforme a la Constitución local.
Asimismo, explicó que el oficio generó incertidumbre sobre qué autoridad municipal debía ejercer funciones en Maloapan, particularmente en materia de servicios públicos, recaudación de impuestos y administración catastral, situación que vulneró principios de seguridad jurídica y competencias municipales establecidos en la Constitución federal.
Ante la existencia de un procedimiento de controversia territorial promovido por Hueyapan y actualmente en análisis dentro del Congreso poblano, la Corte aprobó emitir un exhorto para que las autoridades involucradas impulsen una solución definitiva que otorgue certeza jurídica tanto a los gobiernos municipales como a los habitantes de la comunidad.
Durante la discusión, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, propuso que cualquier resolución legislativa incorporara mecanismos de consulta a la población local, al considerar que se trata de una comunidad con posible origen náhuatl y otomí. No obstante, la propuesta no fue respaldada por la mayoría de los ministros.
Un conflicto que se intensificó con el paso de los años
La disputa por la pertenencia de Maloapan antecede al oficio invalidado por la Corte. Desde años previos ya existían desacuerdos entre Atempan y Hueyapan respecto al ejercicio de autoridad en la comunidad, así como diferencias relacionadas con la prestación de servicios públicos y el cobro de contribuciones.
La controversia se agravó en 2020 cuando el IRCEP emitió el documento que ubicó a Maloapan dentro de Hueyapan. El oficio fue utilizado posteriormente en una investigación penal relacionada con una denuncia contra elementos policiacos de Atempan, acusados de actuar fuera de su jurisdicción, lo que derivó en procesos judiciales por presuntos delitos vinculados al ejercicio indebido de funciones.
A partir de entonces, aumentaron las tensiones entre autoridades y pobladores de ambos municipios. Mientras habitantes de Maloapan rechazaron acciones de gobierno provenientes de Hueyapan, este último denunció presuntos desplazamientos de población indígena y actos de intromisión por parte de Atempan.
El conflicto continuó escalando hasta que, en 2025, Hueyapan promovió formalmente ante el Congreso de Puebla un procedimiento para definir la pertenencia territorial de la comunidad. Incluso, a principios de mayo de este año, el alcalde Alfonso Lino Pozos denunció un presunto intento de agresión en su contra por parte de habitantes de Maloapan, en medio de la disputa por el territorio.
