La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, señaló que no corresponde a este organismo realizar investigaciones sobre posibles “narco-candidatos”, ya que su función es estrictamente electoral y no judicial.
En relación con la iniciativa presentada por la Presidencia de la República el pasado viernes 22 de mayo, Taddei advirtió que el INE asumiría las responsabilidades que se le asignen en caso de aprobarse la reforma, siempre que no se le obligue a actuar como “juez y parte” dentro de los procesos electorales.
Sin expresar un rechazo directo a la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del INE subrayó que si al instituto se le exige evaluar la probidad de los aspirantes, se pondría en riesgo su papel como autoridad imparcial encargada de garantizar elecciones transparentes, equitativas y con certeza.
Taddei afirmó que el INE es una autoridad de carácter administrativo, no ministerial ni judicial, por lo que no tiene facultades para investigar ni dictaminar sobre la integridad de las candidaturas.
Asimismo, explicó que la propuesta de crear una comisión de verificación de integridad dentro del instituto debe definir con precisión sus alcances, especialmente si se pretende que canalice información de partidos políticos hacia instancias de seguridad e inteligencia.
En ese sentido, advirtió que convertir al INE en un órgano que determine la idoneidad de los aspirantes lo colocaría en el centro de disputas políticas, afectando su neutralidad frente a los distintos actores electorales.
Reiteró que la investigación, persecución y sanción de posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde exclusivamente a las autoridades de procuración de justicia y a las instancias de seguridad e inteligencia, que son las únicas con facultades legales para ello.
Aunque reconoció que el combate a la infiltración de intereses ilegales en la política es una responsabilidad compartida del Estado, insistió en que el papel del INE debe limitarse a garantizar comicios libres y apegados a la ley.
Finalmente, respecto a posibles reformas relacionadas con la nulidad de elecciones por la intervención de recursos de origen extranjero, señaló que ello implicaría establecer nuevos lineamientos y procedimientos claros para su aplicación.
Concluyó que las autoridades electorales deben preservar siempre su carácter de imparcialidad y confianza ciudadana, evitando convertirse en actores políticos dentro de la contienda democrática.
