Gobierno de México propone comisión para detectar vínculos criminales en aspirantes a cargos rumbo a 2027
El Gobierno de México prepara una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de establecer un mecanismo que permita detectar posibles vínculos entre aspirantes a candidaturas y la delincuencia organizada de cara a las elecciones de 2027.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó durante la conferencia matutina de este 21 de mayo que la propuesta será enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El planteamiento central es la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, la cual estaría adscrita al Instituto Nacional Electoral (INE).
Este órgano estaría integrado por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE para un periodo de tres años y fungiría como enlace entre los partidos políticos que participen de manera voluntaria y diversas instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
Entre las dependencias involucradas se encuentran el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El esquema plantea que los partidos políticos entreguen de forma voluntaria las listas de aspirantes a candidaturas, con el fin de que las autoridades puedan realizar una revisión y determinar si existe un “riesgo razonable” de posibles vínculos con la delincuencia organizada.
De acuerdo con la propuesta, las instituciones únicamente informarían si existe o no dicho riesgo, sin compartir detalles de investigaciones en curso, a fin de proteger la confidencialidad y el debido proceso. Posteriormente, la comisión del INE comunicaría los resultados a los partidos políticos, quienes conservarían la decisión final sobre el registro de las candidaturas.
Asimismo, las personas aspirantes deberán otorgar su consentimiento para ser evaluadas como parte del proceso interno de los partidos, independientemente de si estos deciden o no solicitar la revisión formal.
La iniciativa establece que toda la información será manejada bajo estrictas condiciones de reserva, y que no se divulgarán expedientes ni datos sensibles de las investigaciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta propuesta será enviada en un periodo extraordinario del Congreso, el cual inicialmente estaba previsto para discutir temas relacionados con la reforma al Poder Judicial y el aplazamiento de la elección judicial a 2028.
Señaló que esta medida formaba parte del llamado “Plan A”, que incluía diversas reformas orientadas a fortalecer el sistema democrático y el proceso electoral de 2027, aunque no pudieron avanzar tras no ser aprobadas en su momento.
Sheinbaum sostuvo que el objetivo es prevenir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada accedan a cargos públicos, al recordar que durante su administración se han registrado algunos casos aislados de este tipo en distintos niveles de gobierno.
Entre los antecedentes mencionados se encuentran la llamada Operación Enjambre en el Estado de México, así como detenciones de autoridades municipales en entidades como Jalisco y hechos recientes en Morelos.
La mandataria subrayó que estas situaciones han sido investigadas a partir de denuncias ciudadanas, siempre respetando el principio de presunción de inocencia.
Finalmente, reiteró que la intención de la iniciativa no es generalizar el problema, sino establecer mecanismos preventivos que permitan a los partidos contar con herramientas para evaluar la integridad de sus aspirantes rumbo a la elección de 2027.
