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Vinculan a proceso a sacerdote por presunta violación de una misionera en Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Un juez de control determinó vincular a proceso penal al sacerdote Demetrio “N” por su probable participación en el delito de violación, con la agravante de haber ocurrido en contra de una misionera en una relación de subordinación por motivos religiosos.

“Lo único que pido es que hagan justicia, y que la iglesia también nos apoye porque nos abandona luego. Me siento apoyada por mis hermanos, pero sola muchas veces”, declaró la religiosa entre lágrimas al salir de la audiencia, acompañada por sus abogados y familiares.

La audiencia inicial se llevó a cabo este lunes a las 08:30 horas en el edificio de Juicios Orales y de Control, donde el juez Ignacio Guzmán presentó los argumentos basados en los datos de prueba aportados por el Ministerio Público. Tras una sesión que duró menos de dos horas, se dictó la vinculación a proceso contra el presbítero.

El juez explicó que, según las pruebas, el 5 de julio de 2013, la víctima —en ese momento misionera— se encontraba en el interior del Campo Misión Casa de los y las Misioneras Servidoras de la Palabra, en la colonia Ejido Axotlán, municipio de Cuautitlán Izcalli. En algún momento, Demetrio “N” habría aprovechado la relación de confianza existente con la predicadora para abusar sexualmente de ella.

Se citaron artículos del Código Penal del Estado de México, destacando que las evidencias indicarían dolo, uso de sometimiento físico y actos no consentidos, configurando el delito de violación con la agravante de existir una relación jerárquica religiosa.

El Ministerio Público confirmó que el imputado se desempeñaba como ministro de culto y presentó pruebas periciales sobre indicadores característicos en víctimas de violencia sexual, exploración ginecológica, certificación médica, diagnóstico psicológico de la víctima y testimoniales que evidenciarían el dolo.

El juez indicó que el caso se analizará con perspectiva de género para identificar posibles desequilibrios de poder entre la víctima y el imputado. Durante la audiencia, se le preguntó a la víctima si deseaba hacer uso de la palabra; entre llanto y nervios, respondió: “Tengo miedo”. El acusado, un adulto mayor con problemas de salud, estuvo presente junto a sus abogados.

Se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación, con la siguiente audiencia programada para el 8 de julio. El Ministerio Público deberá gestionar medidas de protección para la víctima.

Fuera del juzgado, el abogado de la víctima, Carlos Pérez Dávila, indicó que solicitará reforzar las medidas cautelares en favor de la religiosa, quien pertenece a la Arquidiócesis de Cuautitlán Izcalli. La monja fue suspendida de sus funciones desde 2023 y desde entonces ha recibido apoyo de su familia durante el proceso legal.

Debido a la condición de salud del imputado, el juez mantuvo medidas cautelares que le permiten continuar el proceso en libertad, bajo exhibición de garantía económica, presentación periódica, prohibición de salir de su residencia y restricción de acercarse o comunicarse con la víctima.

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