Chihuahua destinaría piso de la Torre Centinela para agencias de seguridad de EE.UU.
El Gobierno del estado de Chihuahua contempla habilitar un piso completo de la llamada “Torre Centinela”, sede de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, para la operación de agentes de diversas agencias de seguridad de Estados Unidos, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
El titular de la dependencia, Gilberto Loya Chávez, explicó que el espacio destinado sería el piso 18 del edificio, el cual comenzó operaciones el pasado 17 de abril. En este punto se prevé la instalación de agentes estadounidenses en un esquema de cooperación con autoridades estatales, así como con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.
Loya Chávez señaló que el estado tiene facultades para permitir este tipo de colaboración, aunque también se encuentran en curso gestiones diplomáticas para ampliar el nivel de coordinación con el Gobierno federal.
“en paralelo corren todos los procesos para que la cancillería de México autorice el siguiente nivel de colaboración”.
Respecto al alcance de la participación extranjera, el funcionario aclaró que se trata de un modelo centrado en el intercambio de información y análisis, sin intervención operativa directa en campo por parte de los agentes estadounidenses.
“En el nivel de colaboración que tenemos, es suficiente con las facultades estatales para poder cooperar con estas agencias de manera permanente, implica intercambio de información, y para ello por supuesto que la torre está abierta para la presencia eventual y, en su caso, permanente de estas agencias”, expresó.
Asimismo, detalló que este esquema de cooperación se ha venido trabajando desde octubre y que forma parte de un centro de “fusión de información” orientado al uso de tecnología, videovigilancia y análisis de datos para combatir delitos como tráfico de personas, tráfico de armas, narcotráfico y otras actividades relacionadas con el crimen organizado.
“El centro de fusión de información concentrará capacidades tecnológicas, plataformas de videovigilancia y sistemas de análisis de datos, para la investigación de ilícitos como tráfico de migrantes y armas de fuego, narcotráfico y otros relacionados a delincuencia organizada”, indicó.
Aunque las autoridades estatales presentan este modelo como reciente, ya existía un antecedente de colaboración internacional. En 2023, la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmaron un Memorándum de Entendimiento que permitió el acceso de agencias estadounidenses a la plataforma “Centinela”, la cual opera con cerca de 4 mil cámaras de videovigilancia.
Dicho acuerdo establece acciones conjuntas para reforzar la seguridad en la frontera, reducir el tráfico de personas y el contrabando de fentanilo y otras drogas, además de monitorear el flujo migratorio hacia Estados Unidos.
El documento también contempla el fortalecimiento de medidas de vigilancia en cruces fronterizos y zonas colindantes, así como el uso de tecnología de la plataforma Centinela, una inversión estimada en casi 200 millones de dólares.
Como parte de estas acciones, el gobierno estatal ha puesto a disposición la Torre Centinela para el monitoreo de transporte de carga proveniente de la industria maquiladora, con el objetivo de detectar cruces irregulares y combatir el tráfico de personas. También se ha planteado el uso de drones para tareas de vigilancia en la zona fronteriza.
Además, agencias como el FBI han firmado convenios de capacitación y cooperación con autoridades estatales en distintos rubros de seguridad.
La difusión de esta información ocurre luego de que dos agentes estadounidenses perdieran la vida en una operación realizada en Chihuahua, hecho que no fue reconocido por el Gobierno federal y que ha generado cuestionamientos sobre una posible afectación a la soberanía nacional.
Hasta el momento, la gobernadora María Eugenia Campos Galván no ha emitido una postura pública detallando los criterios o autorizaciones bajo los cuales se permitiría la operación de agentes extranjeros dentro del estado.
