Previo a la presentación oficial de su Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, lo remitirá al Senado de la República, cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente.
Senadores tanto de Morena como de la oposición destacaron que este procedimiento es relevante, ya que el artículo 88 de la Ley de la FGR establece la obligación de presentar dicho plan ante la Cámara Alta.
De acuerdo con la norma, el Senado cuenta con un plazo de hasta 60 días para analizarlo, discutirlo y someterlo a votación. Al respecto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, consideró que, pese a que al actual periodo ordinario de sesiones le restan alrededor de 15 días, aún existe margen para dictaminarlo.
Explicó que esto es posible debido a que se trata de un programa integral relacionado con la impartición de justicia en el país.
Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, señaló que, aunque en el calendario legislativo solo quedan cuatro sesiones, aún podrían habilitarse días adicionales antes del 30 de este mes, fecha en que concluye el periodo, con el fin de atender este asunto.
“Creo que en Morena lo van a tomar como prioridad “, resaltó.
El artículo 88 de la Ley de la FGR establece que la persona titular de la Fiscalía debe presentar el Plan Estratégico de Procuración de Justicia al inicio de su gestión y actualizarlo cada tres años. En dicho documento se “determinarán las estrategias institucionales, objetivos, metas medibles a corto, mediano y largo plazo, así como las prioridades de investigación para la eficiencia y eficacia de la persecución penal”.
Asimismo, se indica que el plan deberá elaborarse “partiendo del análisis y determinación del capital humano y los recursos financieros disponibles para el adecuado desempeño de la función sustantiva”.
Además, deberá organizar las funciones institucionales y definir los principios que regirán a la FGR, “ a partir de una política criminal basada en el conocimiento profundo del fenómeno delictivo para focalizar sus esfuerzos y recursos en dar respuesta al conflicto penal, la adecuada atención a la víctima y mejorar el acceso a la justicia.
