Publican plan federal para mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales
El gobierno federal ha dado a conocer el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2026-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el objetivo de garantizar los derechos sociales de las comunidades rurales en México. Este programa, que afecta a cerca del 20% de la población nacional (alrededor de 26.7 millones de personas), busca mejorar la calidad de vida de las y los habitantes rurales mediante el acceso a servicios esenciales como salud, educación, vivienda y alimentación, además de impulsar sus ingresos económicos.
El Programa Especial Concurrente se coordina a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y también incluye el compromiso de reconocer los derechos de los pueblos indígenas conforme al artículo segundo constitucional. Este instrumento de política pública está orientado a reducir la brecha económica entre el campo y la ciudad, donde actualmente la diferencia en ingresos promedio mensual alcanza los 4,100 pesos, siendo el ingreso mensual en las áreas rurales de 4,500 pesos frente a los 8,600 pesos de las zonas urbanas.
Uno de los principales objetivos de este programa es aumentar los ingresos derivados de las actividades agropecuarias y pesquero-acuícolas, así como otras fuentes productivas, para generar alternativas económicas más sostenibles en las zonas rurales. Asimismo, se propone mejorar el acceso a los derechos sociales de los habitantes rurales, con el fin de continuar con la reducción de la pobreza en estas áreas.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2016 y 2024, la pobreza en las zonas rurales disminuyó en 14.7 puntos porcentuales, lo que se traduce en 3.8 millones de personas menos en situación de pobreza.
El programa contempla dos estrategias fundamentales: la primera, impulsar actividades agropecuarias sostenibles que promuevan la inclusión productiva de la población rural, abriendo opciones para empleo y educación financiera; y la segunda, asegurar el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad para reducir la carencia alimentaria y promover la salud integral en estas comunidades. Además, otras dependencias del gobierno, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, colaborarán en la implementación de estas estrategias.
