Un tribunal de apelaciones en Argentina confirmó que el gobierno de Javier Milei debe aplicar la ley que incrementa el presupuesto de las universidades públicas y eleva los salarios de los docentes, a pesar de la resistencia del mandatario.
El fallo ratifica la decisión de un juez de primera instancia, emitida en diciembre pasado, que ordenaba al Ejecutivo cumplir con la ley de financiamiento de la educación universitaria aprobada por el Congreso en 2024.
Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebró la resolución y señaló que “es una excelente noticia para toda la comunidad universitaria del país que valoramos en un contexto extremadamente delicado como estamos atravesando”.
El CIN había presentado una medida cautelar solicitando la plena vigencia de la norma, tras la suspensión decretada por el gobierno. El Ejecutivo había justificado la suspensión argumentando que los legisladores debían definir la fuente de los fondos para actualizar los presupuestos universitarios y los sueldos, aduciendo que ejecutar los aumentos podría “desequilibrar las cuentas públicas”.
El tribunal destacó en su resolución que cumplir con la ley no pone en riesgo el “interés público” y que su incumplimiento afecta directamente “el derecho a enseñar y aprender”. No obstante, el gobierno aún tiene la posibilidad de apelar la decisión.
Milei ha mostrado reiterada oposición a esta norma, considerando que tanto esta como otras medidas, como los incrementos en prestaciones a personas con discapacidad, amenazan el equilibrio fiscal.
En un hecho relacionado con políticas migratorias, el gobierno argentino también prohibió la entrada al país del activista brasileño Thiago Ávila, coordinador de la Global Sumud Flotilla, iniciativa de apoyo a Gaza. Personas cercanas al activista denunciaron que “agentes de inmigración alertaron de supuesto apoyo al terrorismo” y otras acusaciones.
