La Suprema Corte de Estados Unidos mostró este jueves escepticismo ante una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca negar la ciudadanía a los hijos de personas que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal. La medida fue firmada por Trump el primer día de su segundo mandato, pero enfrenta bloqueos judiciales en varias cortes federales.
Durante una audiencia de más de dos horas, los jueces analizaron las apelaciones del gobierno para revertir estas órdenes judiciales de alcance nacional, que han impedido la implementación de la política mientras se resuelven los juicios correspondientes.
“El uso de la ciudadanía por nacimiento para reducir las órdenes judiciales a escala nacional es algo extraño”, señaló la jueza Elena Kagan, quien recordó que “todos los tribunales han fallado en su contra”. Además, advirtió que, de permitirse su aplicación parcial, “los que no pueden permitirse ir a la corte, son los que van a perder”.
El debate central gira en torno a la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que establece: “Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadano de Estados Unidos”. La Corte ya había respaldado este principio en 1898, y hasta ahora ha sido aplicado de forma general durante más de 125 años.
Trump firmó la orden ejecutiva como parte de una serie de acciones para endurecer la política migratoria. Además de restringir la ciudadanía por nacimiento, su administración ha solicitado a la Corte Suprema que permita poner fin a permisos humanitarios para más de 500 mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y ha buscado aplicar leyes del siglo XVIII para acelerar deportaciones.
Durante la audiencia, el procurador general John Sauer defendió que un solo juez federal no debería tener la capacidad de emitir órdenes con efecto nacional, como las que han bloqueado iniciativas de la Casa Blanca en materia migratoria. Señaló que desde enero se han emitido 40 órdenes judiciales de este tipo contra acciones del gobierno.
Algunos jueces conservadores se mostraron receptivos a la idea de limitar el alcance de los fallos judiciales, mientras que los liberales expresaron su preocupación por una posible desigualdad en la aplicación del derecho a la ciudadanía. “Si no hay una orden nacional, implicará que sólo los bebés nacidos en determinados estados serían ciudadanos”, advirtieron.
El fallo definitivo de la Corte se espera para finales de junio. La resolución podría tener implicaciones importantes no solo sobre la ciudadanía por nacimiento, sino también sobre el alcance del poder judicial en Estados Unidos.
