El viernes 1 de agosto, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó una orden judicial que prohíbe temporalmente a agentes federales realizar detenciones migratorias sin justificación en el área metropolitana de Los Ángeles. Esta decisión representa un nuevo revés para la estrategia migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
Los magistrados consideraron que existen pruebas suficientes para sostener que las detenciones efectuadas durante las redadas iniciadas en junio pasado se fundamentan de manera desproporcionada en criterios como el perfil racial, el idioma (especialmente hablar español), y la ubicación del domicilio o trabajo de los detenidos.
Asimismo, los jueces afirmaron que los demandantes “probablemente lograrán demostrar” que estas prácticas infringieron la protección constitucional contra detenciones arbitrarias garantizada por la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. También advirtieron que, sin una intervención judicial oportuna, este tipo de procedimientos podrían continuar “institucionalizados”.
La orden inicial fue emitida el 11 de julio por la jueza Maame E. Frimpong, del Tribunal de Distrito de Los Ángeles, quien convocó una audiencia para finales de septiembre con el objetivo de evaluar si la medida cautelar debe extenderse en alcance.
La demanda fue presentada por organizaciones defensoras de derechos civiles, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU) y Public Counsel. Estas agrupaciones acusan al gobierno de Trump de llevar a cabo redadas inconstitucionales desde principios de junio, que habrían resultado en la detención de casi 3,000 personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses y residentes legales.
Los operativos que motivaron la demanda se caracterizaron por la presencia de agentes fuertemente armados, algunos encapuchados y sin insignias identificativas, quienes detuvieron a personas en espacios públicos como paradas de autobús, estacionamientos, mercados callejeros y tiendas minoristas como Home Depot. Además, contaron con el apoyo de tropas de la Guardia Nacional, lo que aumentó el temor en las comunidades latinas.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, celebró la decisión judicial calificándola como “una victoria para el estado de derecho y para la ciudad de Los Ángeles”. Bass reiteró su llamado a la administración federal para que cese prácticas que “atentan contra la unidad familiar y la dignidad de comunidades trabajadoras”.
Durante la audiencia de apelación, los jueces interrogaron al abogado del Departamento de Justicia, Yaakov Roth, acerca de la legalidad de las tácticas usadas por los agentes. Roth negó que existan políticas discriminatorias o cuotas diarias de arrestos —un dato públicamente señalado por un exasesor de Trump—, aunque los magistrados exigieron un informe aclaratorio del gobierno. En respuesta, el Ejecutivo ratificó que no existen cuotas y que las detenciones se basan en evaluaciones individuales.
Si bien las redadas en Los Ángeles han disminuido tras la orden judicial, continúan en otras áreas fuera del alcance de la medida, como en San Diego, donde se reportó una operación el 27 de julio.
El gobierno federal ahora puede solicitar la revisión del fallo ante el pleno del Noveno Circuito o elevar el caso a la Suprema Corte para pedir la suspensión de la orden vigente.
Este fallo judicial fortalece la postura de los demandantes, quienes insisten en que las acciones del gobierno constituyen una violación sistemática de derechos constitucionales y exigen la suspensión inmediata de tales prácticas.
