
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que la propuesta de incorporar la figura de los “jueces sin rostro” al Código Nacional de Procedimientos Penales “representa un riesgo significativo para la justicia y la protección de los derechos humanos”, en el marco de la discusión que se llevará a cabo próximamente en el Senado.
La organización presentó testimonios de especialistas de Perú, El Salvador, Brasil y Colombia, países que han implementado este sistema. Según el Centro Prodh, el hecho de no conocer la identidad del juez incrementa la probabilidad de violaciones al debido proceso, al no garantizar imparcialidad, independencia y competencia en las decisiones judiciales.
Danilo Flores, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, en El Salvador, señaló que “si bien el Estado debe proteger a quienes administran justicia en contextos de riesgo, el anonimato absoluto no es compatible con la garantía del debido proceso”. Añadió que la seguridad debe garantizarse “pero sin sacrificar la transparencia, imparcialidad y la defensa efectiva”.
En Brasil, Marina Dias, del Instituto para la Defensa del Derecho a la Defensa (IDDD), destacó que un juicio justo requiere lo más elemental: “algo básico, que es saber quién está juzgando el caso”. La abogada advirtió que el patrocinio jurídico se debilita cuando un juez no se identifica, ya que “no es posible conocer si es parcial o no si jamás se presentó”.
Dias también señaló que permitir que un juez oculte su imagen y distorsione su voz convierte el litigio en algo “distante, frío y casi inquisitivo”, lo que impide a la defensa percibir reacciones, comportamientos o matices que “hacen la diferencia en la ejecución del proceso”.
Por su parte, David Morales, de la organización Cristosal en El Salvador, alertó sobre el uso de esta figura con fines políticos. Explicó que, aunque inicialmente se implementó en un contexto de violencia e inseguridad por el combate a las pandillas, “ahora son utilizados como una herramienta de persecución política y control social. Procesan a personas que son perseguidas por el actual régimen salvadoreño”.
Durante el periodo de sesiones iniciado el pasado domingo, se realizarán consultas y parlamentos abiertos sobre diversos temas, incluida la figura de los “jueces sin rostro”. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, indicó que se buscará que esta medida sea temporal, excepcional y con reglas claras, ya que, de no regularse adecuadamente, “se puede convertir en un riesgo para los derechos humanos”.



