La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la nueva Ley de Aguas busca asegurar la igualdad en el acceso al recurso. “La misión de la nueva ley es acabar con los privilegios”, afirmó, en referencia a los mecanismos que permitieron durante años la transmisión de derechos de agua entre particulares.
En el marco del Día Mundial del Agua, Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentó los impactos positivos de la reforma, calificándola como una transformación estructural que pone fin a prácticas de privilegio y prioriza el acceso equitativo al agua.
Morales López subrayó que la reforma “corta de tajo el régimen de privilegios que se instauró durante el periodo neoliberal” y establece un nuevo modelo que protege el derecho humano al agua para todas y todos los mexicanos.
Uno de los cambios más significativos es la eliminación de las transmisiones de concesiones, que permitió la creación de un mercado paralelo del agua. “La nueva ley elimina las transmisiones entre particulares, lo que permite terminar con el mercado negro del agua”, explicó el funcionario.
Asimismo, se prohíben los cambios de uso irregulares, particularmente en concesiones agrícolas destinadas a la producción de alimentos que eran empleadas con fines comerciales. “Se terminó el acaparamiento del agua y se reforzó el combate al uso ilegal”, puntualizó.
La implementación de esta legislación ha permitido detectar múltiples casos de uso indebido. En Zacatecas, siete títulos de concesión fueron fragmentados hasta convertirse en 50, generando ganancias de hasta 54 millones de pesos para un particular.
En Chihuahua, en un acuífero sobreexplotado, se otorgaron más de 100 concesiones agrícolas y cientos de constancias sin infraestructura ni uso real del agua, impidiendo el acceso a quienes realmente necesitaban el recurso y fomentando la especulación.
En Querétaro, se documentó el uso indebido de concesiones agrícolas para la venta de agua en pipas y el abastecimiento de desarrollos inmobiliarios y recreativos. “El agua que era para producir alimentos se utilizaba para lucrar”, detalló Morales, señalando que ya se han clausurado pozos y retirado concesiones relacionadas.
También se identificaron extracciones ilegales en Nayarit, donde se perforaban pozos sin autorización para vender agua, y desvíos en Baja California Sur, donde se interceptaba el suministro de acueductos con fines comerciales.
La nueva ley sanciona estas prácticas con multas de hasta 230 mil pesos y penas de hasta cinco años de prisión, fortaleciendo la capacidad del Estado para combatir el uso ilegal del recurso.
En materia financiera, Morales resaltó un incremento en la recaudación de 3,500 millones de pesos durante 2025, con una meta de 6,300 millones para 2026, recursos que se destinarán a obras hidráulicas y a ampliar el acceso al agua.
La supervisión se ha intensificado: se realizaron 7,614 inspecciones que derivaron en 1,006 clausuras por uso ilegal y se concluyeron 9,547 trámites en beneficio de pequeños productores y comunidades, recuperando su acceso a concesiones.
Un componente esencial de la reforma es el reconocimiento de sistemas comunitarios de agua en ejidos, comunidades y pueblos indígenas, reforzando el enfoque de justicia social en la distribución del recurso.
Durante la conferencia, se entregaron títulos de concesión a los municipios de Tijuana, Rosarito, Tecate, Mexicali y Ensenada, que durante años pagaron por el agua bajo esquemas de transmisión, acumulando pagos superiores a 531 millones de pesos en los últimos cinco años.
La presidenta calificó esta entrega como “histórica”, señalando que representa un paso hacia la recuperación del control público del agua, asegurando que su gestión beneficie a la población.
Con estos cambios, el gobierno federal busca consolidar un modelo hídrico basado en equidad, legalidad y acceso universal, dejando atrás la especulación y concentración que limitaron el derecho al agua en diversas regiones del país.
