El Poder Ejecutivo alista una reforma electoral cuyo objetivo central es reducir el costo del sistema político-electoral, mediante el recorte del financiamiento público, la disminución de estructuras y un eventual “adelgazamiento” del Congreso.
De acuerdo con estimaciones oficiales, tan solo en 2026 el sostenimiento de las tareas político-electorales de carácter nacional o federal representará un gasto superior a 25 mil 585 millones de pesos, monto que aumenta cada año debido a las disposiciones establecidas en la Constitución y las leyes vigentes.
En este contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE) dispondrá de un presupuesto de 14 mil 99 millones de pesos, de los cuales 12 mil 325 millones corresponden al presupuesto base —destinado en su mayoría a cubrir la nómina del organismo— y mil 754 millones a proyectos específicos.
A ello se suman 7 mil 737 millones de pesos en prerrogativas para los partidos políticos, cifra que mantiene una tendencia creciente debido a que su cálculo se basa en una fórmula constitucional ligada al tamaño del padrón electoral. Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contará con cerca de 3 mil 749 millones de pesos.
Este panorama nacional debe complementarse con el financiamiento de las estructuras estatales, que incluyen a los 32 organismos públicos locales electorales (Oples), los partidos políticos locales y los tribunales electorales estatales, cuyos presupuestos son definidos por cada Congreso local y presentan variaciones significativas.
Respecto a los proyectos específicos del INE, los mil 754 millones de pesos asignados se destinarán, entre otros rubros, a coadyuvar en la organización de la elección de diputados en Coahuila, con una inversión de 353.4 millones de pesos. Aunque la mayor carga financiera recae en la entidad, el instituto actúa como rector del sistema nacional electoral y coordina diversas acciones para los procesos locales.
Además, se contemplan 395.5 millones de pesos para iniciar la organización de la megaelección de 2027, ya que el proceso electoral comenzará desde septiembre de 2026, aun cuando las votaciones se realicen en junio del año siguiente. El resto del presupuesto, cercano a mil millones de pesos, se destinará a fortalecer la cultura democrática, procesos administrativos y la actualización del padrón electoral, además de 138 millones de pesos para avanzar en la organización de los comicios judiciales de 2027.
Durante una audiencia pública de la comisión presidencial para la reforma electoral, celebrada el 29 de noviembre, la ex secretaria ejecutiva del INE, Claudia Suárez, señaló que en los últimos 35 años los órganos electorales, tanto federales como locales, registraron un crecimiento sostenido en sus nóminas, pero sin una adecuada “armonización” o planeación. Indicó que para sostener estas plantillas se destina entre 63 y 69 por ciento de los recursos disponibles.
Días después, consejeros del INE advirtieron que los ajustes presupuestales derivados de un recorte de mil millones de pesos respecto a su solicitud original podrían poner en riesgo la democracia. En contraste, los impulsores de la reforma sostienen que existen gastos no justificados y duplicados dentro del sistema electoral.
Así, se anticipa un nuevo periodo de análisis y debate en el Poder Legislativo. Aunque ya se intentó una reforma electoral durante el sexenio pasado —el llamado plan B, aprobado en febrero de 2023—, ésta fue anulada en junio del mismo año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar inconstitucionales algunos de sus cambios.
La última modificación relevante en la materia se concretó en 2024, cuando se definieron reglas sobre reelección, regulación de partidos políticos, financiamiento y derechos de candidaturas independientes.
Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una nueva iniciativa que será enviada al Congreso al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, en febrero de 2026. Entre los ejes principales, de acuerdo con declaraciones de la mandataria, se encuentra la reducción del número de diputadas, diputados, senadoras y senadores, así como una disminución general del financiamiento público a los partidos políticos y del gasto electoral.
