El medio público Canal Once difundió desinformación, pues es falso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya desechado del llamado “plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador una reforma que reducía “salarios estratosféricos”. El decreto invalidado no menciona nada acerca de esto, trata sobre propaganda gubernamental.
“¿#SabíasQue los #ministros de la #SCJN desecharon un #PlanB de la #ReformaElectoral que reducía salarios estratosféricos?”, dice la publicación realizada el 12 de mayo de 2023 desde el perfil de Twitter de Once Noticias, la barra de noticieros de Canal Once.
Canal Once es una cadena de televisión pública mexicana, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN); es decir, cuenta con presupuesto del erario. De hecho, se autodefine como la televisora de servicio público más antigua de América Latina.
“Vamos a pasar a otros asuntos que indignan e indignan mucho. El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso los 40 privilegios de los que gozan ministras y ministros de la Corte, dispendios exorbitantes de los que ya le dábamos cuenta desde anoche”, dice la conductora en el video que acompaña el tuit.
Decreto del “plan B” invalidado no menciona nada sobre salarios
En la conferencia matutina del 15 de noviembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que tenía una alternativa en caso de que el Congreso de la Unión no aprobara sus reformas constitucionales en materia político-electoral, que eran su “plan A”. Desde entonces, esa nueva opción es conocida como “plan B”.
Para concretar los cambios constitucionales se requerían dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, pero Morena no logró los votos necesarios, así que López Obrador envió dos iniciativas con cambios a leyes secundarias que sólo necesitaron de una mayoría simple para ser aprobadas.
Así, el 27 de diciembre de 2022 el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el primer decreto del “plan B”, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta fue la primera iniciativa de las dos que componen el llamado “plan B”.
El Sabueso consultó dicho decreto; sin embargo, el documento no menciona nada acerca de reducir “salarios estratosféricos”. La Ley General de Comunicación Social es sobre la propaganda gubernamental, mientras que en los cambios la Ley General de Responsabilidades Administrativas están enlistadas algunas infracciones al respecto, como la difusión de Campañas de Comunicación Social ajenas al Programa Anual de Comunicación Social autorizado.
El Sabueso también consultó el micrositio de la SCJN sobre las reformas político electorales 2022-2023. Ahí se explica que la Corte es el máximo tribunal de México y su misión es vigilar que los Poderes de la Unión actúen conforme a la Constitución.
Así, con mayoría de nueve votos de 11 que conforman el pleno, la Corte declaró el 8 de mayo la invalidez del primer decreto que modifica las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas por violaciones al procedimiento legislativo. Es decir, el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias.
“La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática”, argumentó en la sesión del 8 de mayo el ministro Alberto Pérez Dayán, quien presentó el proyecto que se discutió.
La desinformación que difundió Canal Once empezó a circular en redes en un contexto en el que diversos funcionarios, como el presidente Andrés Manuel López Obrador y secretarios de su gabinete, gobernadores, otros políticos locales de Morena y partidos aliados, han lanzado ataques contra la Corte por anular el “plan B”.
Tanto el presidente López Obrador como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, han acusado a la Corte de ser contraria a la llamada “cuarta transformación” y sostienen que ahora se necesita un “plan C”, que consiste en que Morena alcance la mayoría calificada en el Congreso en las elecciones de 2024 para poder hacer cambios a la Constitución sin tener que negociar con los partidos de oposición.
Fuente: Animal Político
