Agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Distrito Zona Centro, detuvieron a Cristina Isabel M. L. y Martín De Jesús H. C., presuntamente responsables de fraude agravado contra decenas de personas adultas mayores. Los acusados habrían solicitado pagos a cambio de aumentar el monto de pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La detención se realizó el viernes 3 de marzo, en cumplimiento de la orden de aprehensión emitida bajo la causa penal 908/2026 por el delito de fraude agravado.
La investigación se originó a raíz de 82 denuncias presentadas por adultos mayores, quienes habrían entregado un total de un millón 340 mil pesos bajo falsas promesas de incremento en sus pensiones. Por ahora, la carpeta 908/2026 incluye 22 víctimas que ratificaron su denuncia, con un perjuicio económico global de 426 mil 650 pesos, y vincula a la empresa Consultoría Legal.
El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales solicitó y obtuvo de un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos la orden judicial para la detención de los presuntos responsables.
Miriam Tarango García, coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Zona Centro, explicó que desde octubre de 2025 las víctimas comenzaron a ser contactadas por Facebook y mediante recomendaciones de voz en voz, bajo la promesa de que la empresa Consultoría Legal podía aumentar las pensiones del IMSS.
Las personas afectadas acudieron a una oficina ubicada en la avenida Zarco, colonia Salud, donde fueron atendidas por “asesores” que explicaban el procedimiento y el monto a pagar, usualmente 9 mil 200 pesos, que podía abonarse en hasta tres partes. Parte del engaño consistía en simular llamadas telefónicas con un delegado del IMSS para generar confianza, prometiendo que recibirían un retroactivo a los tres meses.
Posteriormente, los defraudadores solicitaban pagos adicionales alegando que era necesario “liberar una cuenta”, ofreciendo “retroactivos muy altos”. Con el tiempo, las víctimas notaron que no recibían dinero y al acudir a la oficina descubrieron que ya no había nadie, por lo que comenzaron a presentar sus denuncias a mediados de febrero.
La primera querella fue recibida el 25 de febrero, y aunque la Policía de Investigación acudió al local, no encontró indicios de los responsables. Actualmente, las autoridades rastrean las cuentas bancarias a las que se realizaron los depósitos para localizar a los presuntos delincuentes.
La coordinadora Tarango García invitó a cualquier ciudadano afectado a presentar su denuncia para recuperar su patrimonio y llevar a los responsables ante la justicia.
