La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, desde el inicio de su administración, han sido localizadas más de 31 mil personas reportadas como desaparecidas en México, como resultado del fortalecimiento de las estrategias de búsqueda y de cambios en el marco legal.
Durante la conferencia matutina del 27 de marzo, la mandataria destacó que la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, realizada en julio de 2025, permitió consolidar mecanismos más eficaces para atender este problema.
Sheinbaum explicó que, tras la implementación de la Estrategia de Búsqueda y Localización, en coordinación con diversas dependencias federales, se tiene un registro de 394,645 personas desaparecidas y no localizadas entre 1952 y 2026. De ese total, 262,111 personas (66%) han sido localizadas, mientras que 132,534 continúan desaparecidas.
Sobre este último grupo, detalló que 46,742 casos (36%) carecen de información suficiente para su búsqueda; 40,308 (31%) presentan registros de actividad en alguna institución sin confirmación de que las personas estén con vida; y 43,128 (33%) no han mostrado ningún tipo de actividad desde su desaparición.
La presidenta subrayó que el Protocolo Homologado de Búsqueda permite iniciar de inmediato una carpeta de investigación tras el reporte de desaparición, lo que facilita analizar el contexto de cada caso y determinar posibles vínculos con delitos como el reclutamiento forzado o la trata de personas.
Asimismo, señaló que estas acciones se han desarrollado con el acompañamiento del Alto Comisionado de la ONU en México, que ha brindado asesoría técnica. Indicó también que los avances fueron presentados previamente a colectivos de familiares buscadores y aclaró que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa se abordará de manera independiente.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, explicó que el fenómeno de desaparición en el país puede entenderse en dos etapas: la llamada Guerra Sucia, entre las décadas de 1950 y 1990, y el periodo posterior a la declaración de la guerra contra el narcotráfico en 2006.
En relación con la primera etapa, recordó la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, cuyo informe fue presentado en septiembre de 2024, así como la conformación de fiscalías especializadas para investigar delitos del pasado.
Respecto al periodo más reciente, destacó que la Ley General de 2017 permitió establecer instituciones clave como la Comisión Nacional de Búsqueda, fiscalías especializadas en los estados, el Sistema Nacional de Búsqueda y protocolos de investigación.
El funcionario afirmó que con la actual administración “inició una nueva etapa en la política de búsqueda de personas en México, centrada en la cercanía con las familias y el rigor científico”, y detalló que, tras el hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco, se impulsaron nuevas reformas que incluyen la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, una base nacional de carpetas de investigación y una plataforma única de identidad.
Entre otras medidas, también se reforzó el Banco Nacional de Datos Forenses, se estableció la obligación de contar con fiscalías especializadas en todas las entidades y se fortaleció la coordinación entre autoridades federales y estatales.
Finalmente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que además de priorizar la localización con vida, se ha fortalecido la búsqueda forense mediante equipos multidisciplinarios con especialistas en áreas como arqueología y criminalística.
Agregó que, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se han eliminado 547 cuentas en redes sociales utilizadas por grupos delictivos para contactar a jóvenes, mientras que 725 permanecen bajo investigación y se han ejecutado 286 órdenes de aprehensión relacionadas con desapariciones.
