Gabinete de Seguridad de México niega autorización a agentes de EE. UU. en operativo donde murieron cuatro personas en Chihuahua
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que los dos agentes estadounidenses que murieron junto con dos elementos estatales en un accidente ocurrido en Chihuahua el pasado 19 de abril no contaban con acreditación formal para participar en operaciones dentro del territorio nacional.
En un comunicado, el organismo expresó sus condolencias por el fallecimiento de las cuatro personas y detalló que, con base en los registros migratorios, uno de los extranjeros ingresó al país como visitante sin autorización para realizar actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático. Ninguno de los dos tenía facultades legales para intervenir en acciones operativas.
Las autoridades federales precisaron además que tanto el Gobierno de México como las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores desconocían que agentes extranjeros estuvieran participando o fueran a participar físicamente en alguna operación en territorio nacional.
Actualmente, el Gobierno federal mantiene revisiones del caso en coordinación con autoridades locales de Chihuahua y con la Embajada de Estados Unidos en México.
Tras revelarse la participación de personal vinculado a agencias como la DEA, el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Gabinete de Seguridad reiteró que la legislación mexicana no permite la intervención de agentes extranjeros en operaciones dentro del país.
Asimismo, subrayó que la cooperación internacional en materia de seguridad se rige por esquemas de intercambio de información, coordinación institucional y asistencia técnica, sin subordinación y con respeto pleno a la soberanía nacional. En el comunicado se establece que:
“La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional, la reciprocidad, la confianza mutua y sin subordinación”.
A pesar de ello, el Gobierno de México reiteró su disposición de mantener una relación de colaboración estrecha con Estados Unidos en materia de seguridad, bajo los canales institucionales correspondientes.
El caso generó reacciones a nivel político. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la situación como una violación a la soberanía nacional y solicitó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, una explicación detallada sobre lo ocurrido. En paralelo, el Senado de la República extendió una invitación a la mandataria estatal y al fiscal de Chihuahua para aclarar los criterios bajo los cuales se habrían autorizado las acciones.
La gobernadora sostuvo posteriormente una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Tras el encuentro, declaró únicamente que “se reafirmó la coordinación y el trabajo conjunto por la seguridad de las familias chihuahuenses” y que “seguiremos fortaleciendo la colaboración con el Gobierno Federal, con diálogo, confianza y responsabilidad institucional, siempre en defensa de la soberanía e integridad de nuestro país”.
Además, se dio a conocer que el Gobierno de Chihuahua buscaba ampliar mecanismos de cooperación con agencias estadounidenses mediante el proyecto de la “Torre Centinela”, lo que ha generado mayor atención sobre los límites de la colaboración internacional en materia de seguridad.
En este contexto, la presidenta anunció que el Gobierno federal enviará una comunicación a todas las entidades del país para reiterar los lineamientos legales que deben seguirse en cooperación internacional en seguridad, destacando que cualquier colaboración con agencias extranjeras debe canalizarse a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del Gabinete de Seguridad, conforme a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
