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Niño ódami muere en hospital infantil de Chihuahua; CEDH investiga posibles violaciones a derechos humanos

El pequeño ódami Ángel Ramón Julián Baiza murió a los cinco años este miércoles a las 15:00 horas en el Hospital Infantil de Chihuahua debido a una infección cerebral, luego de que sus padres enfrentaran barreras en el sistema de salud, dificultades lingüísticas y atención insuficiente como integrantes de los pueblos indígenas.

De manera extraoficial, se informó que la probable causa fue tuberculosis, enfermedad frecuente entre poblaciones indígenas. La familia, que no habla español, vivió días de angustia y desinformación por la ausencia de traductores o intérpretes.

Micaela Baiza recuerda a su hijo como un niño alegre, al que le gustaba correr y jugar con sus hermanos y primos en Rancho Los Julianes, una comunidad ódami (tepehuán del norte) en Guadalupe y Calvo. Ahora, esos recuerdos son su único consuelo tras la agonía vivida en el hospital.

Desde que Ángel ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) el 1 de febrero, su madre relató haber pasado “días de angustia” por no entender la situación médica de su hijo ni las decisiones del personal.

“Cada día se ponía más grave”, relató Micaela en entrevista en idioma ódami otorgada a Raíchali.
“Yo lloraba en silencio, a veces frente a mi hijo, al ver que no tenía mejoría. Y cada informe que me daban los doctores yo no entendía qué tan grave era, porque no había nadie que me explicara en mi idioma”, aseguró.

Gracias a un reportero ódami de Raíchali, Micaela pudo recibir la información del diagnóstico terminal el 3 de febrero: su hijo padecía una infección cerebral muy fuerte, posiblemente tuberculosis, y ya no había tratamiento efectivo.

“Escuchando esos informes me di cuenta que mi hijo en cualquier momento moriría, lejos de la casa”, recordó.
“¿Y qué vamos a hacer aquí? No hay nadie ¿Cómo le aviso a su papá y a mi familia?”, se preguntaba.

El 4 de febrero, Micaela conversó con un equipo multidisciplinario y un traductor voluntario para decidir mantener a Ángel conectado unos momentos más. Finalmente, el niño falleció ese mismo día a las 15:00 horas.

Trámites posteriores a la muerte

La madre enfrentó también los complicados trámites administrativos. Ángel Ramón no estaba registrado oficialmente; sólo contaba con un papel de bautizo. Su registro en el sistema de CURP fue necesario para generar el acta de defunción, un proceso que Micaela describió como doloroso y burocrático:

“¿Por qué tengo que esperar? Mi hijo ya está muerto. ¿Por qué tenemos que estar tantos días aquí?”, cuestionó, exhausta.

Una vez completada la documentación, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas se encargaría del traslado del cuerpo hasta Rancho Los Julianes para su sepultura.

Este caso evidencia un vacío crítico en los protocolos de atención a pacientes indígenas: la ausencia sistemática de intérpretes certificados y las dificultades para incluir a personas no registradas en trámites administrativos, incluso en situaciones de urgencia.

CEDH abre queja de oficio

El presidente interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Alejandro Carrasco Talavera, informó que iniciaron una queja de oficio para investigar posibles violaciones a derechos humanos en el caso del niño ódami.

“(…) para una persona intérprete a la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas o al INPI (Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas), para tomar su testimonio en su propia lengua y se hará la investigación como toda violación a derechos humanos, con todo respeto y dignidad para ver si hubo o no violación a los derechos humanos. Ahorita no podemos declarar si hubo o no violación, se abrió la queja, investigamos y si determinamos que si hubo violación, emitiremos una resolución”, explicó Carrasco Talavera.

El funcionario aclaró que en casos de posibles violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes, las quejas se abren de oficio, sin necesidad de una denuncia directa. Asimismo, enfatizó la importancia de contar con intérpretes que conozcan la cultura y condiciones de los pueblos indígenas para garantizar justicia y medidas correctivas:

“En la investigación se va a ver si fue por dolo o por omisión (…) se va a buscar que se tomen medidas, que se hagan políticas y se cumpla con la ley porque a veces las normas de cada institución no se adecuan a la ley, y que haya inversión porque no son gratis los derechos humanos”, concluyó.

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