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INE vigilará uso de recursos y contrataciones para megaproceso electoral de 2027

Ante la dimensión de las elecciones concurrentes de 2027, el contralor del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Carvente, advirtió que será indispensable reforzar la vigilancia sobre el uso de recursos públicos y los contratos relacionados con la operación del organismo y la organización de los comicios.

Durante la reunión Minuto a minuto: Elecciones concurrentes 2027, en la que participaron consejeros del INE y representantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), el titular del Órgano Interno de Control destacó que el tamaño del proceso electoral exige planeación y transparencia, especialmente en la contratación de bienes y servicios.

Con un presupuesto de 14 mil millones de pesos para este año y una previsión aún mayor para el próximo ciclo electoral, Carvente subrayó que no puede haber espacio para improvisaciones ni irregularidades.

“Cada contrato incide en la confianza pública”, señaló ante funcionarios electorales.

Especialistas estiman que en el proceso 2026-2027 estarán en disputa de manera simultánea 18 mil 930 cargos de elección popular, además de alrededor de 800 posiciones de juzgadores federales, lo que convertiría a la jornada en uno de los ejercicios democráticos más amplios del país.

En ese contexto, Carvente indicó que no sólo debe cuidarse la organización electoral, sino también la parte administrativa, con el fin de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

Explicó que las contrataciones son fundamentales para asegurar que las elecciones se desarrollen con legalidad, certeza y eficacia, por lo que no deben verse únicamente como procedimientos burocráticos.

Frente a consejeros y a la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, explicó que detrás de cada elección existe una compleja cadena de adquisiciones, servicios y decisiones institucionales que hacen posible la operación de sistemas, logística, capacitación y difusión.

Añadió que los organismos electorales enfrentan una doble responsabilidad: organizar adecuadamente los procesos democráticos y administrar los recursos públicos bajo principios de transparencia y honradez.

Asimismo, enfatizó la necesidad de planear correctamente las compras, respaldarlas con investigaciones de mercado y realizar procesos de contratación sólidos y documentados.

Finalmente, sostuvo que la labor del Órgano Interno de Control consiste en acompañar y supervisar los procedimientos administrativos, emitir alertas y detectar inconsistencias antes de que se conviertan en irregularidades.

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