Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a pesar de sus conocidas diferencias, alcanzaron un acuerdo unánime sobre un tema crucial: la elección judicial debe ser aplazada.
En un inicio, se consideró la posibilidad de realizar estos comicios en 2027, apenas unos meses después de otros procesos electorales, aprovechando la capacitación de quienes forman y supervisan a los funcionarios de casilla. Sin embargo, los consejeros coincidieron en que el momento más adecuado sería en 2028.
Se advirtió que concentrar todos los procesos electorales en un mismo día pondría en riesgo la eficiencia técnica y operativa del sistema. Además, no representaría un ahorro económico, ya que la Constitución impide que los partidos participen en la elección de juzgadores, lo que obliga a instalar dos tipos de casilla en distintas ubicaciones.
Los consejeros describieron la coincidencia de elecciones como “inmanejable, incompatible, complicada”, señalando que afectaría tanto a los organizadores como a los ciudadanos.
Durante el proceso 2024-2025, el INE enfrentó dificultades inéditas al organizar elecciones derivadas de la reforma judicial, ya que debía aplicar metodologías diseñadas por otras instancias. El instituto terminó “cachando” los errores del sistema.
Por ejemplo, en febrero de 2025 recibió del Senado carpetas con datos de candidatos evaluados no por el INE, sino por tres comités diferentes. Esta situación obligó al instituto a trabajar con información incompleta, que incluía desde datos básicos ausentes, como correos electrónicos, hasta la posibilidad de que algunos aspirantes fueran inelegibles.
Ante la premura, el INE tuvo que verificar las candidaturas, solicitando información a fiscalías y otras instancias para asegurarse de que los postulantes no tuvieran antecedentes de violencia o adeudos alimentarios. Entre los casos detectados estaba un candidato a juez de distrito que se encontraba privado de su libertad por un delito de violencia.
Un desafío adicional fue la interpretación de los requisitos académicos establecidos en la reforma. Tras un exhaustivo análisis que detectó a decenas de aspirantes que no cumplían con los promedios estipulados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la revisión no correspondía al INE.
