Senado aprueba minuta para fomentar inversión privada en infraestructura estratégica
Las Comisiones del Senado de la República han dado su aval al dictamen de la minuta que propone la creación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Esta legislación tiene como propósito principal incentivar la participación del sector privado y social en la infraestructura del país, permitiendo, incluso, la utilización de parte del ahorro de los trabajadores.
El dictamen fue aprobado con 23 votos a favor y 5 en contra, provenientes de los senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI). Se prevé que este martes la minuta sea presentada al pleno del Senado para su discusión y eventual votación.
Manuel Huerta, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, explicó que la propuesta busca cerrar los vacíos legales existentes y fortalecer la capacidad del Estado para dirigir el desarrollo del país. A nivel político y económico, Huerta destacó que el objetivo central de la iniciativa es movilizar recursos privados e institucionales hacia proyectos de infraestructura estratégica, sin perder el control estatal.
El dictamen se sustenta en un análisis crítico de la situación actual, señalando los problemas heredados de administraciones pasadas, como proyectos abandonados, pasivos contingentes sin fuente de pago, conflictos sociales y compromisos fiscales ocultos. De acuerdo con Huerta, la propuesta no busca abrir la puerta a cualquier tipo de inversión, sino hacerlo bajo un régimen de control estricto, que incluye evaluación previa, seguimiento durante la ejecución y auditoría posterior.
Por su parte, Rolando Zapata Bello, del PRI, criticó el bajo nivel de inversión en infraestructura desde 2018, señalando que el Estado ha dejado de invertir “en donde se debía”. Como resultado, más del 32% de las carreteras del país se encuentran en malas condiciones. Zapata Bello también acusó que el modelo propuesto es “opaco” y tiene como objetivo redefinir el gasto público corriente, excluyendo ciertos rubros, con la finalidad de mejorar la imagen financiera del país para efectos de calificación crediticia y contratación de deuda.
