La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su desacuerdo con la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de remitir el caso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, criticó a las organizaciones civiles que proporcionaron información al Comité, calificándolas de “caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos en nuestro país”.
En un comunicado, la CNDH señaló que la resolución del CED, destinada a promover medidas como “cooperación técnica”, “asistencia especializada” y “apoyo financiero”, carece de sustento y reproduce dinámicas de una supuesta “colaboración internacional que en el pasado se impulsaban y no condujeron a una mejora real en materia de derechos humanos”.
La Comisión insistió en que se trata de “las mismas fallidas recetas desde el exterior que ya hemos experimentado, sin entendimiento de nuestra realidad y sin sensibilidad a los avances reales que se han tenido, que en su momento el gobierno federal y esta CND comunicaron al CED”.
Además, criticó que algunos organismos multilaterales parecen no interesarse por escenarios internacionales donde su intervención podría ser decisiva, incluso cuando está en juego la estabilidad y la paz globales. “Tal pareciera que estos buscan cobrar relevancia, colocando en el centro de su quehacer la situación de países como México que tratan de lidiar con las herencias de una violencia que por años imperó sin que la comunidad internacional tomara cartas en el asunto como aparenta pretender ahora”, afirmó la CNDH.
La Comisión resaltó que para considerar legítima la intervención del CED debieron agotarse primero las instancias nacionales, y cuestionó que el Comité haya priorizado la opinión de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), cuyo informe “cuestionó sin más los cambios legales e institucionales que se dieron en los últimos meses, los que, según él ‘no son suficientes’, hablando de que se trata de ‘acciones parciales y poco coordinadas entre las instituciones’, las cuales considera que ‘no se constituyen en la Política Nacional que requiere el país’”.
La CNDH señaló que, en lugar de valorar los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales implementados por México en los últimos siete años, el Centro Prodh optó por acudir al exterior, “pasando por encima de lo que establece la propia Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en sus artículos 30 y 31”.
La Comisión también acusó al CED de contradicciones, pues si bien ha vinculado en varias ocasiones la guerra contra el narcotráfico impulsada por el expresidente Felipe Calderón con las desapariciones desde 2006, recientemente señaló que “aun cuando dicha política ha dado lugar a violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y a delitos graves contra gran parte de la población civil, el Comité no encuentra indicios fundados de que el enfoque militarizado de la seguridad pública pueda equipararse en sí mismo a una política federal que implique necesaria e intencionalmente la comisión de desapariciones forzadas”.
En este sentido, cuestionó: “¿se les ha olvidado a los integrantes del CED que el gobierno de Felipe Calderón tuvo a un secretario de seguridad pública sentenciado en un tribunal de Nueva York por sus vínculos con el crimen organizado?”.
La CNDH defendió su labor en la atención a desapariciones, destacando que ha documentado casos ocurridos durante la “Guerra Sucia” (1951-1990) y la “Guerra contra el narcotráfico” (2006-2012), y señaló que las desapariciones forzadas cometidas por autoridades federales han disminuido desde 2018 hasta prácticamente desaparecer.
Durante la presente gestión, la CNDH ha emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada relativas a hechos antiguos que no fueron atendidos previamente, así como 5 recomendaciones sobre casos recientes, resueltos de manera expedita.
