La Secretaría de Gobernación hizo un llamado a las autoridades estatales para que no criminalicen las manifestaciones del próximo domingo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, y, en su lugar, privilegien el diálogo sobre el uso de la fuerza.
En un comunicado, la dependencia afirmó: “un llamado respetuoso a las autoridades de los estados a conducir sus actuaciones en el marco de los protocolos institucionales y con pleno respeto a los derechos humanos”.
El texto destaca que “el Gobierno de México reconoce que la protesta social es una expresión legítima de la vida democrática y una herramienta fundamental para visibilizar demandas y causas sociales. Su obligación es garantizar que quienes decidan ejercerla lo hagan con seguridad, sin criminalización y con pleno respeto a su integridad”.
La Secretaría subrayó que la implementación efectiva del diálogo será clave para que el 8 de marzo sea una jornada de expresión libre y segura. “El Gobierno de México tiene un compromiso con la libre expresión de las ideas y el respeto irrestricto al derecho de las movilizaciones pacíficas”, señaló.
Asimismo, recordó que cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México “se comenzaron a sistematizar las experiencias de atención a la protesta social, mediante protocolos, los cuales se siguieron construyendo a nivel federal para compartirlos con las servidoras y servidores públicos del país”.
Como resultado de este trabajo, se creó el Protocolo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica, que cada entidad federativa debe implementar con responsabilidad. Entre sus acciones se incluyen: atender demandas de los grupos; dialogar y distender tensiones; establecer puntos de evacuación; y designar enlaces de seguimiento exclusivamente para periodistas.
“Se busca privilegiar el diálogo por encima del uso de la fuerza y que se brinden garantías para que puedan manifestarse”, indicó la Secretaría. Aunque el protocolo recoge prácticas exitosas, cada manifestación es distinta según el municipio o estado, por lo que puede adaptarse a las realidades locales y servir de herramienta para actuar desde una perspectiva humanista.
Finalmente, se reproduce el Decálogo del Gobierno de México para la atención de protestas:
- México es un país de hombres y mujeres libres de manifestar sus ideas, reunirse y expresarse del modo que decidan.
- El Gobierno de México respeta el derecho de todas las personas, especialmente cuando disienten o son minorías.
- El Gobierno de México no discrimina ni criminaliza la protesta social.
- El Gobierno de México garantiza la libertad de expresión, sin afectar los derechos de terceros ni promover la guerra, el odio o la violencia.
- Se debe privilegiar el diálogo y la resolución pacífica de conflictos siempre, especialmente cuando hay tensiones entre la libertad de expresión y los derechos de terceros, incluso cuando sea legal usar la fuerza pública o las personas manifestantes no estén dispuestas a dialogar. Siempre se debe privilegiar el diálogo.
- Los derechos de manifestación, expresión y reunión, no son condicionables.
- Jamás se usará la fuerza pública para reprimir, agredir, o afectar de cualquier manera a las personas que expresen sus ideas de forma pacífica.
- El Gobierno de México salvaguardará la integridad física, los bienes y la seguridad personal de las personas manifestantes y terceros.
- Se garantiza y respeta la labor de periodistas y comunicadores durante las manifestaciones, reuniones o cualquier forma de protesta social.
- Los protocolos, planes operativos y capacitaciones de los cuerpos de seguridad de México para atender la protesta social de mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores deben priorizar la prevención y el diálogo, para evitar confrontaciones entre manifestantes y terceros.
