Cámara de Diputados respalda cambios en abuso sexual; polémica por reducción de prisión

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por unanimidad y sin modificaciones, la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que amplía la definición de abuso sexual, estableciendo que el silencio o la falta de resistencia de la víctima no puede interpretarse como consentimiento. No obstante, el pleno avaló también la reducción de la pena de prisión para los responsables del delito, argumentando que las agravantes podrían “compensar” este ajuste.

Tras casi tres horas de debate, la minuta que ya contaba con la aprobación del Senado la semana pasada fue respaldada en San Lázaro con 431 votos a favor, provenientes de todos los grupos parlamentarios.

Durante la exposición en tribuna, los legisladores morenistas Julio César Moreno y Julieta Vences detallaron que la reforma modifica los artículos 260 y 266 bis del Código Penal Federal, señalando que el abuso sexual abarca “cualquier acto sexual realizado sin consentimiento: tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas”.

Según explicaron, una definición más precisa busca evitar “vacíos legales que históricamente han favorecido la impunidad”. Además, subrayaron que “el consentimiento debe ser libre, voluntario y plenamente válido. No existe consentimiento cuando la voluntad ha sido anulada o viciada mediante violencia, intimidación, engaño, amenazas, abuso de confianza, abuso de autoridad o cualquier situación de vulnerabilidad. Ahora, con esta reforma, el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física jamás podrán interpretarse como consentimiento”.

Los legisladores también destacaron que la iniciativa fortalece la acción del Estado al establecer que el delito se perseguirá de oficio: “Esto significa que ya no dependerá únicamente de la denuncia de la víctima. Porque el miedo nos intimida, nos hace callar, pero desde aquí damos herramientas para que nunca más la voz de las mujeres vuelva a ser silenciada”.

En cuanto a las sanciones, la pena de prisión vigente, de 6 a 10 años, se redujo a un rango de 3 a 7 años, lo que generó objeciones por parte del Partido del Trabajo, que anunció que presentará una iniciativa para aumentar la pena, aunque decidió no proponer reservas en esta sesión para evitar devolver el dictamen al Senado. La justificación para la reducción se centra en evitar “caer en el populismo punitivo”, mientras que se resaltó que las agravantes permiten incrementar la pena, posición respaldada por Margarita Zavala (PAN), quien dijo que sí compensa “poner agravantes claras”.

La reforma también incluye medidas complementarias: obliga a los agresores a reparar de manera integral el daño, implementa acciones para prevenir la reincidencia y establece cursos con perspectiva de género. Además, amplía y fortalece las agravantes, incorporando factores como abuso de poder, uso de drogas sintéticas, alcohol o medicamentos para anular la voluntad de la víctima, y situaciones en las que el agresor sea servidor público, profesionista o ministro de culto.

Sin embargo, legisladoras de oposición advirtieron sobre la necesidad de recursos presupuestales para que la ley sea efectiva. Ariana Rejón (PRI) señaló que “sí es un paso, pero no basta. No podemos seguir romantizando cuando no se asigna presupuesto. Si el gobierno no investiga, no protege y no acompaña, la reforma se queda en un simple papel. No podemos seguir legislando sin presupuesto mientras faltan ministerios públicos, peritajes oportunos, refugios, asesoría jurídica y atención psicológica real”.

En la misma línea, Ana María Balderas (PAN) enfatizó que se requieren ministerios públicos capacitados con perspectiva de género: “Sin fortalecimiento institucional, cualquier reforma corre el riesgo de quedar en el papel. Esta reforma requiere presupuesto, porque México vive una pandemia de violencia sexual”.

Por su parte, Marycarmen Bernal (PT) cuestionó la forma en que se presentó la iniciativa: “vienen con una actitud mentirosa y deshonesta” y pidió “no se politice lo que no se debe politizar”. También criticó la reducción de penas, mientras que su compañera Lilia Aguilar afirmó que, aunque la reforma representa un avance, la disminución de la sanción es un aspecto negativo: “El PT propone que no se bajen las penas, porque las agravantes no son suficientes (para compensar); los logros se pueden eclipsar por este asunto. No creo que aumentar las penas reduzca la incidencia, pero en un delito tan delicado, donde solo 1.5 por ciento de las denuncias llegan a juicio, tenemos que quitar todas las barreras. Reconocemos el avance, pero creo que quedamos debiendo”.

La legisladora también criticó la posibilidad de que los agresores puedan acceder a la pre liberación si cumplen ciertos requisitos legales, y adelantó que su bancada presentará una iniciativa separada para abordar este tema.