La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este martes la sanción a tres empresas privadas que presentaron información falsa con el objetivo de obtener contratos públicos, por lo que quedaron inhabilitadas temporalmente para participar en procesos de contratación o celebrar convenios con la administración pública federal.
Las compañías sancionadas son Ravisa Autos del Oriente, Gen Industrial y Escore Alimentos, las cuales permanecerán impedidas para contratar con el gobierno durante los próximos tres meses, además de recibir multas económicas por las irregularidades detectadas.
En el caso de Ravisa Autos del Oriente, la dependencia impuso una multa de 175 mil 367 pesos, así como la prohibición de celebrar contratos con el sector público durante tres meses. La sanción se derivó de la presentación de datos falsos en su documentación fiscal durante una licitación nacional para la adquisición de camionetas pick up nuevas. La irregularidad se localizó en la constancia que acredita el cumplimiento de las aportaciones patronales, requisito indispensable para garantizar la transparencia y legalidad de los proveedores.
Por su parte, Gen Industrial y Escore Alimentos recibieron multas individuales de 157 mil 685 pesos, además de la misma restricción temporal para contratar con dependencias federales. En el primer caso, Gen Industrial fue sancionada por entregar documentación engañosa en un concurso relacionado con el servicio de recolección de residuos para la Secretaría de Salud.
En tanto, Escore Alimentos incurrió en una falta similar al falsear su opinión de cumplimiento de obligaciones de seguridad social, con la intención de obtener un contrato para el servicio de alimentación de pacientes y personal médico.
Las resoluciones correspondientes fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, lo que formaliza la inclusión de estas empresas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno destacó que las sanciones fueron determinadas bajo criterios de proporcionalidad y estricto apego a la ley, con el objetivo de proteger los recursos públicos frente a intentos de engaño por parte de particulares.
