La reforma electoral busca fortalecer la democracia, no el control gubernamental, afirma Rosa Icela Rodríguez
La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que la reforma electoral que se planea para el próximo año no tiene como objetivo que el gobierno controle las elecciones. Por el contrario, destacó que la propuesta responde a una “exigencia ciudadana” y busca reducir los costos de los comicios, al tiempo que ofrece una herramienta democrática más eficiente y justa.
Durante su participación en una audiencia de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, celebrada este miércoles en Baja California, Rodríguez estuvo acompañada por la gobernadora local, Marina del Pilar. En su intervención, la funcionaria federal reiteró que aún no se tiene un borrador de la nueva legislación, la cual se elaborará tomando en cuenta las opiniones recogidas en las audiencias que se llevan a cabo en todo el país. Aclaró que el propósito de la reforma es mantener la autonomía e independencia de los órganos electorales.
“El gobierno de México no está dando pasos atrás; se trata de avanzar en la progresividad de los derechos”, aseguró Rodríguez Velázquez, quien enfatizó que la reforma no busca, en ningún caso, que el gobierno asuma el control de las elecciones. En ese sentido, recordó que “durante muchos años se luchó por lograr la autonomía e independencia de los órganos electorales, y ese es el camino que seguiremos”.
La Secretaria destacó que la reforma busca responder a las demandas de la ciudadanía por un sistema electoral más justo, transparente y accesible, alineado con la nueva realidad política del país. También mencionó su acuerdo con la defensa de la autonomía de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs), señalando que le “gustó la defensa que se hizo aquí de la autonomía de los OPLEs y de los Tribunales Electorales”.
En la audiencia, se discutieron varios temas, como los protocolos para combatir la violencia política de género, la implementación de juicios en línea, la creación de defensorías públicas en materia electoral, el financiamiento de los partidos políticos y la garantía de acciones afirmativas.
