Leticia Ortega evidencia el retraso, falta de resultados y malgasto en la Plataforma Centinela
La diputada de Morena realizó preguntas sobre transparencia, rendición de cuentas y evaluación en el gasto de $4,710 millones a Seguritech.
La diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez, formuló a Gobierno del Estado una serie de cuestionamientos en relación con el retraso en la implementación de la Plataforma Centinela y su falta de resultados.
- Ortega Máynez expresó su preocupación por la falta de información verificable y los limitados resultados visibles en torno a uno de los proyectos más costosos en la historia reciente del estado.
- La seguridad pública es una función esencial del Estado y debe ejecutarse con estricto apego a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, dijo en la tribuna del Congreso del Esrado.
La Plataforma Centinela, adjudicada de manera directa a la empresa Seguritech Privada SA de CV, contempla una inversión de 4,710 millones de pesos para instalar una red de videovigilancia.
- La red está compuesta por más de 3,000 cámaras PTZ, 4,800 cámaras fijas, 1,791 lectoras de placas, 102 arcos carreteros, 11 filtros Centinela, drones y estaciones de trabajo, entre otros elementos tecnológicos, expuso.
- Sin embargo, los altos índices de violencia en el estado —incluyendo homicidios dolosos, desapariciones y extorsiones— así como la percepción ciudadana de inseguridad, que rebasa el 80% en ciudades como Juárez y Chihuahua, contrastan con las expectativas planteadas al inicio del proyecto.
La diputada hizo referencia a los antecedentes controvertidos de la empresa adjudicataria en otras entidades del país, como Baja California, Guanajuato, Ciudad de México y el Estado de México.
- En esas entidades federativas se han documentado irregularidades, sobrecostos y falta de resultados comprobables en proyectos similares.
- La reserva de información técnica bajo el argumento de seguridad pública, impide que la ciudadanía y los legisladores ejerzan su derecho a la supervisión, en un proyecto financiado con recursos estatales por varios miles de millones de pesos, explicó.
Ante este panorama, y en ejercicio de sus facultades constitucionales, la diputada Ortega Máynez formuló las siguientes preguntas a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, solicitando respuestas claras y sustentadas en evidencia documental:
- ¿Cuáles fueron los criterios técnicos y operativos que justificaron la adjudicación directa del contrato a la empresa Seguritech, sin licitación pública?
- ¿Cuántos de los elementos tecnológicos comprometidos (cámaras, arcos carreteros, subcentros, drones, lectores de placas, etc.) han sido instalados y están actualmente operando? Favor de desglosar por tipo y municipio.
- ¿Cuál es el porcentaje de avance físico y operativo de la Torre Centinela y de la Plataforma Centinela al cierre del último trimestre? ¿Cómo se compara este avance con el cronograma pactado con el contratista?
- ¿Qué mecanismos de supervisión ha implementado la SSPE para verificar el cumplimiento del contrato, y qué sanciones se han aplicado por retrasos, fallas técnicas o incumplimientos?
- ¿Qué indicadores concretos de reducción de incidencia delictiva se han obtenido desde la puesta en marcha del sistema? ¿Existe una relación directa entre estos resultados y la operación del sistema de videovigilancia?
- ¿Qué disminución específica de delitos, como homicidios dolosos, puede atribuirse a la Plataforma Centinela, por municipio, con cifras comparadas año con año?
- ¿Qué mecanismos de evaluación existen para medir la efectividad del sistema (tiempos de respuesta, delitos esclarecidos, incidentes evitados, etc.)?
- ¿Qué controles técnicos y administrativos se han implementado para evitar el uso indebido del sistema, como el espionaje político o fines distintos a la seguridad pública?
La diputada Ortega Máynez dijo que solo mediante transparencia, rendición de cuentas y evaluación objetiva, se podrá confirmar si la Plataforma Centinela cumple su propósito de proteger a las y los chihuahuenses.
“Debe sustentarse en resultados medibles que se traduzcan en una vida más segura para todas y todos”, afirmó la legisladora.
Estas preguntas no están sujetas a reserva alguna y su respuesta representa una obligación institucional frente a la ciudadanía y el Congreso.
“La seguridad no puede basarse solo en el discurso tecnológico”.
Con información de ZONAFREE
