La Presidencia de la República publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación el decreto que formaliza la reforma constitucional en materia de extorsión, luego de haber sido ratificada por la mayoría de las Legislaturas estatales.
Con esta reforma, se otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en torno a este delito, con el objetivo de unificar su tipificación y sanciones en todo el país.
Según lo establece el decreto, el Congreso cuenta ahora con un plazo de 180 días para expedir la ley general correspondiente.
La modificación realizada al inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución tiene como propósito establecer un tipo penal homogéneo para la extorsión, incluyendo sus agravantes y sanciones. Además, se busca crear mecanismos efectivos para combatir este delito y evitar “una fragmentación jurídica que afecte la procuración e impartición de justicia”.
