Busca Ejecutivo reforma constitucional para tipificar la extorsión como delito de alto impacto
Este jueves, el Poder Ejecutivo presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca fortalecer el combate a la extorsión en México, al considerarla un delito de alto impacto y establecer un marco legal unificado a nivel nacional.
La propuesta contempla modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a emitir, en un plazo máximo de 180 días, una ley general que homologue el tipo penal y las sanciones por este delito, dada la disparidad existente en los códigos penales federal y estatales.
Actualmente, las penas por extorsión varían ampliamente en todo el país. Mientras que en promedio las legislaciones contemplan castigos mínimos de cuatro años con seis meses y máximos de 12 años, en Oaxaca la sanción va de uno a tres años, y en Chihuahua de cinco a 30 años.
De igual forma, las multas impuestas por este delito difieren significativamente entre entidades. En estados como Baja California Sur, Chiapas, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, las sanciones económicas oscilan entre 36 mil y 86 mil pesos. Por el contrario, en entidades como Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Morelos, Tabasco y Tamaulipas, las multas van de 77 mil hasta 130 mil pesos. En la Ciudad de México, las sanciones alcanzan entre 226 mil y 340 mil pesos, y en Coahuila pueden llegar hasta 691 mil pesos.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo subraya que la extorsión ha sido tratada de manera insuficiente por todos los niveles de gobierno y que debe ser entendida no solo como una agresión individual, sino como un fenómeno que impacta a toda la sociedad. Se señala además que este delito ha sido adoptado como fuente de financiamiento por parte de organizaciones criminales, lo que genera efectos que trascienden a las víctimas directas, afectando el funcionamiento de cadenas económicas, comercios, empresas y hasta instituciones públicas.
“El crimen organizado incluso ha amenazado a funcionarios públicos con la intención de coaccionar a las instituciones que representan”, apunta el documento, al advertir que la extorsión también sirve como medio para cometer otras conductas ilícitas, aprovechándose de los servicios públicos del Estado.
La propuesta destaca que la incidencia del delito ha crecido de forma alarmante. Mientras que en 2018 se registraba un promedio diario de 18.89 amenazas por extorsión, en enero de 2025 el número ascendió a 29.77, lo que representa un aumento del 57.62 por ciento en seis años.
Durante 2024, las entidades de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8 por ciento de las víctimas, y solo el Estado de México acumuló el 33.1 por ciento de los casos en enero de este año.
En los artículos transitorios, se establece que el Congreso deberá emitir, dentro del plazo previsto, una legislación secundaria que armonice las competencias entre la Federación y las entidades federativas. El nuevo marco legal también deberá proporcionar herramientas más eficaces a las autoridades de los tres niveles de gobierno para hacer frente a este delito y garantizar una mejor atención a las víctimas.
