El régimen de Nicolás Maduro rechazó una propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien planteó un acuerdo humanitario que consistía en repatriar a los 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos a cambio de la liberación de un número equivalente de presos políticos detenidos en Venezuela.
La respuesta fue emitida por el fiscal general designado por el oficialismo, Tarek William Saab, quien calificó la propuesta como “cínica” y dirigió duras críticas al mandatario salvadoreño. “Este sujeto al margen de la ley, de forma tiránica, decide quién puede gozar o no de vida y libertad en El Salvador”, declaró Saab. Agregó que la solicitud de Bukele “demuestra que estos ciudadanos están secuestrados a disposición unilateral” del gobierno salvadoreño.
Además, el funcionario exigió una “fe de vida” de los venezolanos detenidos, así como “la lista completa con la identificación, su estatus judicial y el informe médico de cada uno”.
La propuesta de Bukele fue publicada en su cuenta oficial de X, en la que expresó: “Un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que hay en Venezuela”. También mencionó que “se incluirían los casi 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades”.
Entre los nombres mencionados por el presidente salvadoreño se encuentran el periodista Roland Carreño, la abogada Rocío San Miguel, Rafael Tudares —yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia—, y Corina Parisca de Machado, madre de la opositora María Corina Machado.
A pesar de los informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela, que documentan casos de persecución, tortura y detenciones arbitrarias, Saab negó nuevamente la existencia de presos políticos en el país. Según su versión, los detenidos enfrentan cargos por delitos comunes o conspiración.
El fiscal también aseguró que la situación de los migrantes venezolanos recluidos en El Salvador representa “una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes prácticas nazis de mitad del siglo XX”.
Asimismo, acusó a Bukele de utilizar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) como “un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana” y de emplear a los migrantes como moneda de cambio “para recibir a cambio sumas millonarias de dinero”.
Saab anunció que enviará solicitudes formales a la Fiscalía General y a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para obtener información detallada sobre los delitos imputados a los detenidos, su acceso a defensa legal y las condiciones en las que se encuentran, así como si han podido comunicarse con sus familias.
La propuesta del presidente Bukele se da en un contexto de creciente presión internacional sobre el régimen venezolano, que el pasado 10 de enero juró un nuevo mandato tras un proceso electoral ampliamente cuestionado por fraude. De acuerdo con el Foro Penal Venezolano, más de 270 personas se encuentran privadas de libertad por razones políticas en el país.
En paralelo, la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por altos funcionarios del régimen.
Desde la reactivación del acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Venezuela, en octubre de 2023, se han registrado múltiples deportaciones de ciudadanos venezolanos, algunos de los cuales han sido vinculados por autoridades estadounidenses al grupo criminal Tren de Aragua, calificado como organización terrorista.
