Un juez federal en Estados Unidos ordenó este lunes al gobierno de Donald Trump aclarar si incumplió una orden judicial al deportar a cientos de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, donde fueron ingresados en la megacárcel del presidente Nayib Bukele. El caso podría derivar en un conflicto constitucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial estadounidense.
La Casa Blanca sostuvo que los tribunales federales “no tienen jurisdicción” sobre la facultad del presidente para expulsar a extranjeros bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa históricamente utilizada solo en tiempos de guerra.
El juez James Boasberg, con sede en Washington, fijó una audiencia para la tarde de este lunes y ordenó al gobierno proporcionar detalles sobre si los vuelos con los venezolanos despegaron antes o después de su resolución. La audiencia fue solicitada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros defensores de derechos humanos, quienes buscan esclarecer si la administración violó la orden judicial.
La medida de Trump y la reacción del Poder Judicial podrían intensificar el debate sobre la independencia judicial y los límites del Ejecutivo en EE.UU.
El sábado, en una audiencia de emergencia solicitada por la ACLU, Boasberg emitió una orden temporal de dos semanas que bloqueaba la deportación de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano. El juez indicó que cualquier vuelo en ruta debía regresar a EE.UU. Su resolución quedó registrada en el sistema judicial en línea a las 7:26 p.m., según el Departamento de Justicia.
No obstante, el domingo, Bukele publicó en X imágenes de los deportados descendiendo de un avión por la noche, acompañadas del comentario: “Upsie… demasiado tarde”. También difundió fotos y videos de los migrantes sin papeles encadenados y posteriormente rapados.
Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó que el gobierno hubiera violado la orden de Boasberg y cuestionó su autoridad en el caso. “Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un avión (…) lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de suelo estadounidense”, afirmó.
