México expone ante la Suprema Corte de EE.UU. su demanda contra fabricantes de armas
El gobierno de México presentó ayer ante la Suprema Corte de Estados Unidos sus argumentos en la demanda contra ocho empresas fabricantes de armas, a las que acusa de prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico ilegal de estos productos a territorio mexicano, contribuyendo a la violencia y afectando a la población.
Durante la audiencia, México sostuvo que la actuación de estas empresas permite que sus armas sean traficadas a manos de grupos criminales en el país, por lo que no deberían gozar de inmunidad bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos, la cual protege a los fabricantes de demandas por el uso indebido de sus productos.
Antes de la audiencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló en su conferencia matutina que los datos recientemente revelados por el Departamento de Justicia de EE.UU. refuerzan la postura de México. Destacó que un informe publicado en enero confirma que el 74 % de las armas incautadas en México provienen ilegalmente de Estados Unidos, lo que constituye una prueba contundente ante la Corte.
La demanda fue interpuesta en 2021 y, aunque en un principio fue desechada, un tribunal de apelaciones permitió su avance en 2024. Ante ello, las empresas demandadas solicitaron la intervención de la Suprema Corte para detener el proceso.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró la confianza del gobierno mexicano en la solidez de sus argumentos jurídicos y aclaró que la demanda no cuestiona la Segunda Enmienda ni el derecho de los ciudadanos estadounidenses a portar armas, sino que se enfoca en el tráfico ilícito derivado de las prácticas irresponsables de los fabricantes.
Se prevé que la Suprema Corte de EE.UU. emita su resolución hacia finales del segundo trimestre del año.
En la audiencia estuvieron presentes los abogados de México, Jonathan Lowy, presidente de la organización Global Action on Gun Violence, y Steve Shadowen, junto con el consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga, y Fadia Ibrahim, directora de Litigios sobre Privilegios e Inmunidades de la SRE. Los argumentos orales fueron presentados por la abogada Cate Stetson, integrante del equipo legal de México.
