Auditoría federal exhibe corrupción por $600 millones en servicios subrogados de salud por Maru Campos
La ASF inició procedimientos de responsabilidad administrativa contra ex titular de Pensiones Civiles, Hugo Gutiérrez Dávila, actual secretario de Educación. La gobernadora presume MediChihuahua, pero contrató hospitales privados discriminando a la población abierta.
La Auditoría Superior de la Federación exhibió posibles hechos y actos de corrupción en la contratación de servicios subrogados de salud por casi 600 millones de pesos, a través de Pensiones Civiles del Estado, utilizando recursos federales.
- En consecuencia, la ASF inició procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de los servidores públicos y personas morales que participaron en diversos contratos que fueron otorgados mediante adjudicación directa para el ejercicio fiscal 2023.
- Los contratos fueron firmados por Hugo Gutiérrez Dávila, entonces Director General de Pensiones Civiles del Estado y actual Secretario de Educación y Deporte de Gobierno del Estado.
- Los hospitales que fueron más beneficiados son el Hospital Ángeles, Christus Muguerza y Clínica del Centro, en la ciudad de Chihuahua.
- También, Servicios Hospitalarios de Cuauhtémoc SA de CV, de ciudad Cuauhtémoc; así como Servicios Hospitalarios Ambulatorios SA de CV y Grupo Hospitalario de Lourdes S de RL de CV, ambos de Ciudad Juárez.
- Los contratos fueron firmados por Hugo Gutiérrez Dávila, cuando fungía como Director General de Pensiones Civiles del Estado.
- Los datos están incluidos en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Púlica 2023” de la Auditoría Superior de la Federación.
Dato: La ADF “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública· por un monto de 598 millones 485 mil 214 pesos, “por la falta de documentación justificativa relacionada con los entregables de los gastos realizados en 17 contratos”.
Por qué es importante: Los resultados de la ASF exhiben el fracaso propagandístico de MediChihuahua, después de que la gobernadora María Eugenia Campos Galván gastó 250 millones en publicidad para credencializar a 311 mil personas en un año, cuando la meta era de un millón y medio.
- Campos Galván presume MediChihuahua como un nuevo programa, pero en realidad solo es una campaña de credencialización para acceder a los mismos servicios de salud que se prestan desde años atrás y que se pagan con un 61% de recursos federales.
- La contratación de servicios subrogados de salud en hospitales privados, para empleados públicos, es una forma de discriminación a la población abierta que no tiene acceso a la misma calidad en la atención y medicamentos.
La Auditoría Superior de la Federación emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2023-1-01101-19-0650-16-001:
- Para realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y, en su caso, calificar la presunta responsabilidad administrativa correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron una deficiente revisión de la documentación presentada por los participantes en diversos procedimientos de Adjudicación Directa.
- Los procedimientos fueron ejecutados por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.
- Los contratos “fueron adjudicados a empresas que se encuentran vinculadas entre sí por los socios, los apoderados legales, el presidente, el secretario, el comisario y los vocales, de lo que se advierte que fueron adjudicados a un grupo de proveedores que tienen una vinculación directa”.
- “Por lo que no se aseguraron las mejores condiciones para el estado, toda vez que las contrataciones no se sustentaron en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”.
- “Y, por el contrario, dichas prácticas implicaron riesgos de actos u omisiones al celebrar contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto fue obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos o para obtener ventajas o beneficios indebidos en las contrataciones públicas para sí o para las personas morales”.
La Auditoría Superior de la Federación emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2023-1-01101-19-0650-16-002:
“Lo cual implicó riesgos de actos u omisiones por parte de personas físicas que actuaron en su nombre y/o representación de la persona moral para obtener ventajas o beneficios indebidos en las contrataciones públicas para sí o para dichas personas morales”.
Para realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y, en su caso, calificar la presunta responsabilidad administrativa correspondiente de las personas morales participantes en distintos procedimientos de Adjudicación Directa.
Los procedimientos fueron ejecutados por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.
“Al estar vinculadas entre sí por los socios, los apoderados legales, el presidente, el secretario, el comisario y los vocales, participaron y les fueron adjudicados los contratos, por lo que dichas acciones implicaron o tuvieron por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida de un grupo de proveedores que tienen una vinculación directa”.
Con información de ZONAFREE
