El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, informó que en junio se conocerá la resolución de la Suprema Corte de Estados Unidos sobre la posible inmunidad legal de las empresas fabricantes de armas demandadas por México. La decisión se tomará tras la audiencia programada para el 4 de marzo.
Durante un foro organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Arrocha señaló que, sin importar el fallo, el gobierno de México ha desarrollado una estrategia legal y política más amplia para hacer frente al poder económico de la industria armamentista estadounidense.
El litigio en la Corte Suprema forma parte de una demanda interpuesta en 2021 en una corte federal de Boston, Massachusetts, contra fabricantes de armas. Además, México sostiene otro proceso legal en la corte de Tucson, Arizona, contra cinco tiendas de armas. En este caso, la jueza de distrito autorizó la fase de discovery, lo que permitirá la recopilación de pruebas fundamentales para la demanda.
Arrocha destacó que ambos litigios representan una estrategia jurídica innovadora con el potencial de abrir nuevas vías legales en el futuro. “Estas acciones legales son un primer paso en un esfuerzo más amplio que podría consolidarse con el tiempo”, afirmó.
El gobierno mexicano busca que estas demandas contribuyan a establecer mayores controles en la venta de armas en Estados Unidos y frenar el flujo de armamento ilegal hacia México. Asimismo, pretende generar un cambio en la percepción pública estadounidense sobre los efectos de la proliferación de armas en la región.
El consultor jurídico mantiene contacto con Jonathan Lowy, presidente de Global Action Against Gun Violence, y Steve Shadowen, abogado que representa a México en ambos litigios. También confirmó que viajará para asistir a la audiencia del 4 de marzo junto con su equipo legal.
Finalmente, Arrocha reiteró que el gobierno de México continuará reforzando su estrategia contra el tráfico ilícito de armas, explorando todas las vías legales disponibles a nivel nacional e internacional para reducir el flujo de armamento y su impacto en la violencia del país.
