Eliminar secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción frenaría su trabajo y lo haría órgano de gobierno, alerta comité ciudadano
La propuesta presidencial para desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del SNA implica restar fuerza al sistema y bajarlo de nivel de un órgano de Estado al de uno de gobierno, advierte Jorge Alatorre, presidente del Comité de Participación Ciudadana.
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para fusionar o desaparecer 18 instituciones públicas ha comenzado a levantar voces en contra dentro de organizaciones civiles y la academia, y a estas ahora se suma la del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
En su propuesta enviada a la Cámara de Diputados el martes 18 de abril, López Obrador plantea eliminar la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA), una instancia técnica creada a partir de la reforma constitucional de combate a la corrupción promulgada en 2015 y la cual debe procesar los acuerdos entre los integrantes del propio SNA, entre los que hay dependencias de gobierno y organismos autónomos.
Para Jorge Alatorre, actual presidente del CPC, se trata de una idea negativa, que no solamente no significaría un ahorro de recursos sino que también implicaría regresiones y obstáculos para la operación del SNA.
“Lo que vemos aquí es que sería un grave retroceso, que además no traería ninguno de los beneficios que pretende ofertar”, dice en entrevista.
El documento enviado a San Lázaro plantea que tanto el personal como el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva —75 personas y 123.1 millones de pesos, respectivamente— pasen íntegramente a la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el fin de que la dependencia al mando de Roberto Salcedo Aquino asuma las tareas correspondientes.
Lo anterior, señala Alatorre, indica que no habría margen para ahorrar recursos, pues no se harían recortes ni despidos.
Pero más allá de eso, alerta el académico de la Universidad de Guadalajara, elegido para el CPC en 2019, la eventual desaparición de la Secretaría Ejecutiva complicaría la operación del SNA, pues esta instancia perdería libertad para articular el trabajo de todos sus integrantes.
Hoy, el Comité Coordinador del SNA está conformado por siete piezas: el CPC —que preside—, la SFP, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Para Alatorre, llevar la Secretaría Ejecutiva a la SFP —una dependencia del Ejecutivo— limitaría la capacidad de acción del SNA y traería el riesgo de que el sistema pase de ser un espacio de Estado a uno de gobierno.
“El valor de un Sistema Nacional Anticorrupción es mucho muy superior al costo ínfimo que tiene dentro del presupuesto. Es francamente muy pequeño no solamente para el servicio que ofrece sino para la promesa que plantea”, argumenta Alatorre.
“Un Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de Estado, en la cual confluyen los tres poderes y los tres órdenes de gobierno. Entonces, en el momento en que metes la Secretaría Ejecutiva, que es la vertebradora de los acuerdos del Comité Coordinador, dentro del gobierno, una vez que haces que el secretario técnico que es designado por el Comité Coordinador ahora sea designado por el secretario de la Función Pública, lo que haces es bajar el nivel del sistema a hacerlo un sistema de gobierno”, insiste.
Frente al planteamiento del jefe del Poder Ejecutivo —quien a lo largo del sexenio ha dicho que el SNA no sirve—, el presidente del CPC rechaza también que haya duplicidad de funciones y defiende la existencia de la Secretaría Ejecutiva, que entre sus tareas tiene la de realizar estudios sobre la prevención, el control y la disuasión de actos de corrupción y proponer políticas públicas.
Por ello, ahora que la iniciativa presidencial ha sido turnada a comisiones de la Cámara de Diputados, el CPC está empezando a buscar a legisladores para exponerles sus puntos contra el planteamiento de López Obrador, al tiempo que analiza otras posibles medidas para evitar la desaparición de la Secretaría Ejecutiva.
“Iremos dando secuencialmente las batallas que correspondan. Primero, la de los argumentos, la razón, el encuentro, el acuerdo. Y si no existen las condiciones para avanzar, tendremos que ir a las fases que tenemos ya planteadas”, dice.
Otras instituciones que el presidente plantea fusionar o desaparecer son la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).
La semana pasada, en una de sus conferencias mañaneras, el mandatario dijo que esto no implicaría despido de funcionarios, aunque insistió en que traería más austeridad.
Hasta ahora, las bancadas de Morena y sus aliados no han dado a conocer si buscarán que la iniciativa presidencial sea discutida y votada en la última semana del actual periodo ordinario de sesiones, que termina a más tardar el 30 de abril, o si prevén que el asunto se vaya a un periodo extraordinario o al próximo ordinario que arranca el 1 de septiembre.
Fuente: Animal Politico
