Denuncian revictimización: Gobierno de Chihuahua niega desplazamiento forzado por violencia
Organizaciones civiles acusaron al gobierno de Chihuahua de negar la existencia del desplazamiento forzado interno, revictimizando a cientos de familias que han abandonado sus comunidades debido a la violencia y la falta de atención estatal. Los municipios más afectados, como Guadalupe y Calvo, han registrado un aumento en los enfrentamientos armados, intensificando la crisis humanitaria en la región.
La Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) y el Colectivo en Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria condenaron que las autoridades estatales argumenten que “no hay denuncias penales” ni “amenazas directas” para justificar la omisión. Señalaron que esta postura minimiza el problema, tratándolo como si se tratara de una migración voluntaria, ignorando las condiciones de violencia generalizada que obligan a las familias a huir.
Ambas organizaciones enfatizaron que el abandono de hogares no es resultado de la falta de empleo o alimentos, como sugiere el gobierno, sino una consecuencia directa de la inseguridad y la impunidad que prevalecen en regiones como la Sierra Tarahumara. También recordaron que el desplazamiento forzado es reconocido como una violación a los derechos humanos en los Principios Rectores de la ONU y está tipificado como delito en el Código Penal del Estado de Chihuahua.
Aunque el gobierno estatal asegura trabajar en un protocolo de atención para personas desplazadas, las organizaciones señalaron que no han recibido información sobre su contenido ni han sido consultadas, a pesar de su experiencia en el tema. Advirtieron que la falta de acciones concretas no solo perpetúa la violencia, sino que también agrava el abandono y la desesperanza de las víctimas.
Las agrupaciones destacaron que sentencias judiciales han ordenado a las autoridades proteger e indemnizar a las personas desplazadas, pero estas resoluciones no han sido cumplidas. La inacción gubernamental, señalaron, contribuye a un entorno donde los enfrentamientos criminales siguen afectando la integridad de las comunidades más vulnerables.
Finalmente, urgieron al gobierno de Chihuahua a reconocer la realidad del desplazamiento forzado, garantizar seguridad pública y adoptar medidas inmediatas para atender a las familias desplazadas, subrayando que la negación del problema solo perpetúa el sufrimiento y la impunidad en el estado.
